El Defensor del Pueblo ha abierto una actuación de oficio para recabar información sobre la respuesta institucional a la crisis migratoria que vive Ceuta tras la entrada irregular de más de 70.000 personas por la frontera de El Tarajal los días 30 y 31 de julio.
La institución que dirige Ángel Gabilondo ha solicitado explicaciones y datos a la Secretaría de Estado de Migraciones, la Fiscalía General del Estado, la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno.
La iniciativa busca conocer las medidas ya adoptadas y las que aún están pendientes para afrontar de manera coordinada una situación que ha derivado en problemas humanitarios, especialmente entre las personas que continúan en la ciudad sin recursos suficientes.
Entre las cuestiones planteadas a la Secretaría de Estado de Migraciones, el Defensor del Pueblo ha solicitado información sobre la situación de las personas que permanecen en Ceuta, muchas de ellas menores de edad, y que continúan durmiendo a la intemperie debido a la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y a la falta de plazas de acogida alternativas.
Desde la institución se han trasladado además diversas quejas recibidas sobre las condiciones en las que sobreviven estas personas. Según señalan, existen denuncias relacionadas con la escasez de agua potable, la falta de duchas y productos de higiene, la carencia de ropa limpia, una atención sanitaria insuficiente y dificultades para acceder a alimentos.
Otro de los aspectos que centra la actuación de oficio es la situación de los menores extranjeros no acompañados.
El Defensor del Pueblo advierte de que muchos siguen pendientes de identificación y permanecen ocultos en distintos puntos de la ciudad.
La preocupación es especialmente intensa en el caso de las niñas que todavía no han sido incorporadas al sistema de protección de menores.
La institución recuerda que diversos medios de comunicación han informado en los últimos días sobre posibles agresiones sexuales sufridas por algunas de ellas.
Por este motivo, Gabilondo ha solicitado a la Fiscalía General del Estado y a la Ciudad Autónoma información detallada sobre las actuaciones puestas en marcha para localizar, proteger y atender a estos menores.
La Delegación del Gobierno también deberá informar sobre el número de personas con necesidades de protección internacional que permanecen en Ceuta, las solicitudes de asilo registradas desde el pasado 30 de julio y cuántos inmigrantes han sido sometidos a los procedimientos de triaje contemplados en la normativa europea para ciudadanos de terceros países.
El Defensor del Pueblo recuerda que, tras producirse la entrada masiva de personas, mantuvo contactos con las principales autoridades de la ciudad para trasladar sus condolencias por las víctimas mortales y expresar su apoyo a la población ceutí.
En este sentido, Ángel Gabilondo ha reiterado su solidaridad con los ciudadanos de Ceuta, que atraviesan, según apunta, unos "días de incertidumbre y preocupación ante esta crisis".
Gabilondo sostiene que la situación exige una respuesta ajustada a la legalidad y centrada en las personas afectadas.
"Lo ocurrido en la ciudad autónoma de Ceuta implica la necesidad de abordar la situación de cientos de personas, muchas de ellas menores, que esperan alguna respuesta a su situación. Es imprescindible hablar con ellos, escucharlos y no limitarse a contemplar su deambular", señala el Defensor del Pueblo.
Asimismo, añade que es necesario aplicar los mecanismos previstos por la ley, incluyendo la asistencia de intérpretes y abogados para determinar la situación de cada persona y actuar en consecuencia.
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