A través de una carta dirigida a María José Segarra, Fiscal General del Estado, el defensor del Paciente le solicita su intervención “urgente” para que investigue el presunto cierre de las listas de espera para especialidades en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta, considerando que se trata de un procedimiento que provoca un riesgo para la ciudadanía que tiene que acceder a este servicio.
“No hablamos de un tema puramente administrativo si no de dejación de funciones con riesgo incluso para la vida o la integridad física de las personas”, detallan en su escrito.
Fundamentan su solicitud en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal.