El Defensor del Pueblo ha mostrado su oposición al criterio que está manteniendo la Guardia Civil a la hora de llevar a cabo rescates de inmigrantes en las zonas costeras de Ceuta y Melilla que, luego, son entregados a Marruecos. Alude específicamente a los casos ocurridos en islas Chafarinas que pueden extrapolarse, por ejemplo, a Perejil. Llama de hecho la atención acerca de la importancia de “mantener las garantías jurídicas que otorga la legislación internacional de extranjería, con especial atencción al Convenio de Ginebra sobre los refugiados, en las actuaciones de rescate que se llevan a cabo en la zona costera de Ceuta y Melilla”.
El Defensor alude a dos casos concretos ocurridos en las islas Chafarinas, una en diciembre de 2019 y otra en 2020. Dos grupos de inmigrantes, la mayoría mujeres y niños, llegaron a esta zona. Todos los rescatados fueron entregados a Marruecos, al considerarse por parte de la Guardia Civil -siguiendo un criterio avalado por el Gobierno- que, “conforme a la legislación de derecho marítimo internacional, la arribada de personas en peligro en el mar a una isla deshabitada y aislada hace que tengan la consideración de náufragos y sean activados los protocolos para avisar a las autoridades responsables de esa zona SAR, que en este caso eran las autoridades marroquíes”. El Defensor dio traslado de su preocupación a la Secretaría de Estado de Seguridad, que indicó que mantiene “el mismo criterio sostenido por la Guardia Civil” al considerar que “las autoridades competentes para estos rescates son las marroquíes”.
“Una vez más, el argumento utilizado por la Administración para justificar este tipo de actuaciones se centra en la lucha contra las mafias y la prevención del llamado ‘efecto llamada’. Así se argumenta que, desde hace tiempo, las redes de tráfico de personas han estado utilizando las islas Chafarinas como vía de entrada irregular en España. Se expone que se ha detectado que los traficantes de personas ponen en riesgo físico a los inmigrantes, llegando a fallecer una mujer en la isla del Congreso debido a las malas condiciones de acceso a las mismas. Por lo anterior, se ha considerado que debe primar la rapidez en el rescate de las mismas sobre otros factores, para evitar la pérdida de vidas humanas en el mar y conseguir que estas personas sean trasladadas al puerto seguro más cercano”.
Los colapsos que han derivado en la imposibilidad de hacer cualquier tipo de trámite a través de la página web de Tráfico han llegado también al Defensor del Pueblo en forma de quejas trasladadas desde distintos puntos del país, entre ellos Ceuta.
En su informe anual, la institución afirma que la suspensión de la atención presencial en las jefaturas como consecuencia del confinamiento así como la reanudación del servicio con todas las garantías sanitarias, provocó “unas preocupantes listas de espera para la obtención de cita previa”.
“A pesar de que existe la posibilidad de que muchos trámites se puedan realizar de forma telemática, son muchos los ciudadanos que todavía no están familiarizados con el uso del certificado digital y necesitan acudir presencialmente a las dependencias de la jefatura provincial”, advierte.
Se reclamó una mayor agilidad a la hora de poder resolver esta situación que derivó en enormes dificultades para que los usuarios pudieran siquiera pedir una cita o resolver cualquier tipo de incidencia por vía telemática.
Estos problemas no solo se circunscriben, al menos en el caso de Ceuta, al periodo de confinamiento derivado de la pandemia, sino que ya desde antes existen serias dificultades para poder contactar por esta vía.
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