Salvo inaudito e inesperado giro de los acontecimientos, la instrucción del
‘caso Emvicesa’ está terminada. “Si esto fuese una partida de ajedrez”, comparan algunas fuentes judiciales directamente relacionadas con el caso, “a partir de ahora solo se puede jugar con las piezas que hay en el tablero”.
La Audiencia Provincial comenzará a recibir mañana un previsible aluvión de recursos de apelación contra el contenido del auto de procedimiento abreviado que la instructora de la macrocausa dictó la semana pasada con un total de 60 investigados después de eximir de imputación delictiva a solo de las personas que habían estado en su ‘punto de mira’ durante los últimos tres años.
Además de esa vía de respuesta, algunas fuentes auguran que parte de la defensa de algunos investigados optará, por estrategia procesal, por formular recursos de reforma “para tumbar el propio auto” que tendrán que ser atendidos por los titulares de alguno de los otros Juzgados de Instrucción de Ceuta según el turno rotatorio establecido para cubrir la ausencia de Raquel Lucini hasta que tenga reemplazo.
Las fuentes consultadas consideran que, dentro del amplio grupo de investigados, se pueden establecer tres grupos: la rama política relacionada con la Comisión Local de la Vivienda, los cinco trabajadores de la sociedad municipal y todo el paquete de personas al que se achaca cohecho, esto es, haber cobrado o pagado por viviendas de protección oficial.
“En el auto”, aprecian fuentes jurídicas cercanas a las defensas que lo han analizado, “deberían haberse acotado y concretado los indicios criminales apuntados por los informes policiales a partir de unas escuchas de otro caso que presumiblemente también serán cuestionadas”. Hay quienes creen que, en esa tarea, la instrucción peca de haber recopilado “muy pocas pruebas” en las diligencias practicadas, “que básicamente han sido testificales y el análisis de aparatos informáticos de López, Rabea Mohamed y los trabajadores de Emvicesa”.
En esa “falta de concreción” a la hora de efectuar el “acotamiento de los hechos” se identifica uno de los presuntos puntos débiles del auto, en el que no solo Caballas ha detectado una supuesta inconsistencia jurídica, tal y como señaló Juan Luis Aróstegui en su comparecencia ante los medios del miércoles.
“El juez instructor no puede argumentar en un auto de procedimiento abreviado como cualquier civil, en base a presunciones por muy lógicas que parezcan. Dicho de otra forma, no puede manifestar más de lo que las pruebas le permitan”, explica otro letrado.
En el dictado esta semana, la magistrada responsable liquida la línea de defensa más sustentada, en la que hasta la Audiencia ya ha dicho ver solidez, la de la normativa aplicable, con “parece más una estrategia de defensa que una realidad jurídica, salvo que la propia investigada a estas alturas de la instrucción aun desconozca el proceso aplicable a la selección de adjudicatarios de viviendas de VPO en Ceuta”.
En el caso del cohecho y derivados, los elementos de prueba abarcan “tanto las escuchas”, si se sostienen, y las declaraciones de distintos investigados “si se mantienen en la vista oral, que tampoco sería el primer caso en el que alguien cambia su versión y alega que no dijo lo que dijo o que lo hizo bajo presión”.