El Ministerio de Defensa rescindió el pasado 31 de agosto el contrato suscrito con Proman para el servicio de vigilancia y control de accesos a los establecimientos de ocio y tiempo libre dependientes de la cartera que ocupa en funciones Pedro Morenés. Desde entonces, Defensa ha ido incorporando su personal a estos puestos para dar continuidad al servicio aunque, como puntualizaron ayer fuentes de la plaza, en ningún caso el Ejército pretende usurpar las funciones del personal de la empresa, al cual Proman adeuda cuatro mensualidades más la liquidación correspondiente.
Sin embargo, en apoyo de las infraestructuras militares ante el conflicto estatal entre los trabajadores y Proman, al cual el Ejército es ajeno ya que sí pagó a la compañía, los militares están controlando los accesos a los centros culturales. La decena de trabajadores afectados por el impago de la mercantil adjudicataria “supuestamente están despedidos desde el día 1 aunque la empresa no ha contactado con ellos”, denunció de forma pública Concha García Garrido, secretaria general de la Federación de Actividades Diversas de CCOO. Esta representante de los trabajadores explicó que personal de Defensa se encargará de esta ocupación hasta que el Ministerio saque el pliego de condiciones para la contratar nuevamente estos servicios. Espera que la nueva empresa cuente con la decena de empleados de Proman.
García recordó que su sindicato ha presentado demandas por impago de salarios a los trabajadores por parte de Proman. Éstas se han hecho extensivas a Defensa por ser responsable solidario junto con el contratista, como dueño del servicio, del incumplimiento de las obligaciones con respecto a los trabajadores de dicha contrata por parte de su empresario.
Este sindicato considera inaceptable que, por las administraciones públicas, puedan adjudicarse obras o servicios a empresas insolventes y que incumplen la legislación laboral de forma reiterada y sistemática, como en el caso de Proman, cuyos trabajadores no han percibido ninguna cantidad en concepto de salario desde el pasado mes de abril, ni siquiera las prestaciones por incapacidad temporal que deberían abonar por pago delegado.
A pesar de las denuncias presentadas por CCOO, “Defensa ha mantenido vigentes unos contratos con una empresa que había incurrido en causa de rescisión de los mismos. Por ello, este sindicato exige la adopción de medidas disciplinarias contra los responsables administrativos de la adjudicación y control de la ejecución de este servicio, que han actuado de forma negligente, cuando no connivente, con una empresa que ha incumplido gravemente sus obligaciones”.
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