Una negociación que comenzó a finales del pasado año
Las negociaciones oficiales para el nuevo convenio con el Ministerio de Defensa se iniciaron en el mes de noviembre cuando el director general de Infraestructuras, teniente general Eduardo Zamarripa, visitó nuestra ciudad, tras una entrevista que el mismo Vivas había mantenido con el secretario de Estado del departamento. La ocasión sirvió para acordar la creación de una comisión conjunta que se formalizó a finales de año y desde entonces se ha venido reuniendo con regularidad copresidida por el mismo Zamarripa y por la consejera de Fomento, Susana Román. Prácticamente se está llegando ya al final con el tema de las valoraciones de los terrenos, donde se deberá producir ahora determinadas depuraciones y la redacción del texto.
Lealtad con Defensa
Decir que el Ministerio de Defensa tiene un tercio del suelo ceutí no es una novedad. Decir que el Ministerio de Defensa tiene más suelo que la propia Ciudad Autónoma tampoco es una novedad. Decir que el Ministerio de Defensa tiene coartada en gran parte las necesidades urbanísticas de Ceuta tampoco es una novedad. Pero lo que sí es una novedad es señalar que la Ciudad Autónoma de Ceuta siempre ha mostrado una política de lealtad hacia el departamento ministerial, de manera independiente al partido que sea el responsable del Gobierno de la Nación, aplicando únicamente la máxima del presidente Juan Vivas en relación a la necesidad de que nuestra ciudad está obligada a tener siempre buena relación con la Administración General del Estado.
Pero también es una novedad, porque quizás casi nunca nos hayamos hecho eco de ello es el gran comportamiento que el Gobierno autonómico ha tenido con el propio departamento ministerial y las diversas infraestructuras que tienen su sede en Ceuta y son de su propiedad. Sobre todo en los últimos años, porque las cosas han cambiado, aunque para algunos permanezcan inalterables. Y podemos poner algunos ejemplos muy claros: existen establecimientos militares de toda índole que se encuentran abandonados a su suerte desde hace algunos años, de manera especial desde que se puso en marcha la reestructuración de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Establecimientos militares que se están cayendo, que no se han mantenido y que por supuesto es una obligación del departamento ministerial. El Gobierno ceutí, con la legislación urbanística en la mano, les podría haber obligado a ese mantenimiento puntual. Pero también nos podemos ir a los Bienes de Interés Cultural que son propiedad del Ministerio de Defensa y sobre los que no se han preocupado nunca, pero jamás de los jamases. Y podríamos poner dos ejemplos muy claros: el castillo de San Amaro y la Atarazana que está en la Rampa de Abastos.
Bienes de Interés Cultural donde la misma Ciudad Autónoma ha solicitado su cesión, porque Defensa nunca ha cumplido con su obligación, establecida en la legislación, de restaurarlos y mantenerlos.
Y que no nos digan ahora que es por la crisis.
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