El artículo 86 de la Constitución, en su párrafo 1.- establece textualmente: “En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”.
No hace mucho, el actual Presidente del Gobierno criticaba a Mariano Rajoy porque, a su juicio, dictaba demasiados Decretos-Leyes. Hoy día lleva un ritmo muy superior al de su antecesor. En la obra “Comentarios a la Constitución Española de 1978”, Tomo VII, se incluye un interesante estudio del jurista Ignacio Astarloa, Letrado de las Cortes y Catedrático de Derecho Constitucional, en el que se analizan las características sobre las que han de fundamentarse los Decretos-Leyes que dicte el Gobierno en aplicación del citado artículo: a) una necesidad social sobrevenida y urgente, que no pueda satisfacerse por los medios normales, sin que se trate de un tema menor; b) dicha necesidad ha de revestir carácter importante, grave, inusual, anormal e imprevisible, lo que no cabe alegar si se trata de “proposiciones registradas en sede parlamentaria”
¿Reúne todos esos supuestos la eventual retirada del cuerpo embalsamado de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos? ¿Se trata de una necesidad sobrevenida, urgente, importante, grave, inusual, anormal e imprevisible, cuando ya lleva allí casi cuarenta y tres años? ¿Puede dictarse un Decreto-Ley por la vía del artículo 86 de la Constitución con el fin de forzar a los descendientes de Franco para que escojan entre un largo y costoso pleito contra el Estado o una renuncia de su derecho a la seguridad jurídica y a la tutela judicial? Por lo que oí ayer, parece ser que se ahora se inclinan por la segunda opción. En cualquier caso, me limito a resaltar argumentos de carácter jurídico que parecen contrarios a la legalidad del Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes. Menos mal que si todo sale como quiere el Gobierno, la exhumación de Franco supondrá la inmediata solución de todos los problemas de verdad que afectan a España, por ejemplo, el paro y Cataluña. O no, como diría Rajoy.
A mi parecer, esta avalancha de Decretos-Leyes con la que nos bombardea el Gobierno de Pedro Sánchez dista mucho de reunir, en la gran mayoría de los casos, los requisitos exigidos por el artículo 86 de la Constitución. Creo que se trata de algo diferente a los Decretos-Leyes, en cuanto carecen de base jurídica. Para distinguirlos, deberían denominarse “Pedritos-Leyes, o algo así, pudiendo definirse como “aquellos instrumentos de simulada apariencia legal que dicta el Gobierno presidido por Pedro Sánchez para ir tirando como sea con el fin de llegar al final de la legislatura.
Lo que desgraciadamente está sucediendo es que aquel espíritu de la transición, pleno de concordia y superador de enfrentamientos que plasmó en la redacción del texto constitucional está siendo marginado de manera sistemática por unos políticos “tardo-revanchistas” cuya actividad viene desarrollándose tras la famosa “Ley de la Memoria Histórica” de Zapatero. Hay ya quienes combaten abiertamente el contenido de nuestra Carta Magna, aborreciendo el consenso con el que fue redactada. Aspiran a derogarla y sustituirla por otra de puro carácter sectario. Malos tiempos se avecinan. Se echa de menos a aquellos socialdemócratas moderados –hoy calladitos- que, en octubre de 2016, lograron frenar las ansias de Pedro Sánchez por hacerse con el poder gracias al apoyo de independentistas y extremistas. Lo que ahora tiene, con las consecuencias que estamos viviendo.
Para que no se diga, concluyo aplaudiendo sinceramente una drástica y eficaz medida adoptada por el Gobierno presidido por Sánchez. Me refiero a la devolución a Marruecos de todos los subsaharianos mayores de edad que lograron penetrar en España el pasado miércoles, utilizando inaceptables medios violentos para romper las vallas y atacar a los Guardias Civiles encargados de la custodia de nustro perímetro fronterizo. Para realizar dicha devolución se ha acudido al casi olvidado Acuerdo con Marruecos que suscribió Corcuera en 1992, cuya utilización hace años provocó enérgicas protestas de algunos partidos políticos de izquierdas y de numerosas ONG. Cuidado con ellas. Esta vez han sido sorprendidas, pero de ahora en adelante, los inmigrantes vendrán bien aleccionados y, si entran, aunque sea arrollando e hiriendo a los Guardias Civiles, solicitarán de inmediato asilo, con lo cual paralizarán una eventual devolución. Esto ya pasó y, sin duda, volverá a pasar.
La medida, bien negociada con el Gobierno marroquí, se hacía imprescindible por cuanto resultaba necesario disuadir de modo ejemplar a nuevas oleadas que pudieran estar preparando el asalto a las vallas de Ceuta o de Melilla pertrechadas con medios ofensivos destinados a doblegar y herir -o algo peor- a los Guardias Civiles encargados de defender nuestras fronteras sin medios materiales antidisturbios. “Cualquier día va a haber una desgracia”, declaraba uno de los que cumplen su misión en el perímetro fronterizo de Ceuta. Repito; aplaudo la medida, aunque humanamente no pueda evitar un cierto sentimiento de lástima por aquellos que, tras superar las vallas con tan malas artes, creyeron verse ya en la “tierra prometida”.
Por una vez y sin que sirva de precedente, mi elogio al actual Gobierno. Sabiendo cómo piensan, tomar la medida les habrá costado Dios y ayuda. Por cierto, Pedro Sánchez acudió el viernes, en Francia, al partido final del Mundial de fútbol femenino sub-20, en el que nuestra brava selección perdió por tres goles a uno frente a Japón ¿Cómo permitió Sánchez tal derrota sin, al menos, intentar evitarla mediante un Decreto-Ley (o un Pedrito-Ley, que no es lo mismo)? Al fin y al cabo, dada la relevancia del fútbol, ese sí que era un caso de extraordinaria y urgente necesidad.