A estas alturas del siglo XXI, seguir pagando un plus a algunos trabajadores por utilizar un ordenador parece, por mal que se escuche, anacrónico si no colonial. Es una de las cosas de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, donde el gobierno y los
sindicatos llevan años y décadas prometiendo en vano aprobar una Relación de
Puestos de Trabajo (RPT) que es inviable sin pillar callos. Entre compromisos y mentiras pública, algunos, quienes cobran menos que su compañero de al lado, tragan quina. Hace doce meses,
CCOO pidió como alegación al proyecto de
Presupuestos de la Ciudad para 2021 que se incluyese “consignación para regularizar el plus de manejo de terminal”. El Ejecutivo contestó al sindicato que “dicho concepto entra dentro del complemento específico y se encuentra presupuestado para aquellos que lo tienen reconocido por sentencia judicial”. “En el caso de que lleguen más sentencias se abonarán con cargo al capítulo primero, como se ha venido haciendo al estar todas las partidas vinculadas”. Todo funcionario de la Ciudad sabe que, si va al Juzgado, accede a cobrar ese plus por la vía de lo Contencioso-Administrativo. Los laborales, sin embargo, sometidos a la jurisdicción de lo Social, se han encontrado con una jurisprudencia contraria. Se trata de entre 70 y 135 euros mensuales, poca chicha a corto, un tesoro si, como ocurre sistemáticamente con los funcionarios, se te reconocen cuatro años de antigüedad. Los perjudicados directamente lamentan que “todos con quienes hemos hablado”, en el gobierno y la oposición y los sindicatos, “asumen que se trata de una injusticia, pero no se avanza nada”. El problema, en lo concreto, radica en ámbitos como Medio Abierto de Menores, donde siete trabajadores cobran más que tres que hacen el mismo trabajo pese a utilizar sus ordenadores con la misma intensidad. La jurisprudencia recoge más de 200 sentencias sobre este asunto en veinte años. Esgrimen que el “empleo de un terminal en la actualidad no entraña dificultad, ni peligrosidad, ni es penoso para el trabajador”. No radica ahí la esencia del conflicto para quienes continúan cobrando menos que el compañero con el que se rozan el lomo en una administración prolífica para complementos y aparentemente ajena a cualquier atisbo de normalización retributiva. “Hemos asumido que la Constitución establece que quienes hacen el mismo trabajo debe cobrar lo mismo, pero eso no sucede en la Ciudad”, alegan los denunciantes, que censuran que “cuanto más se ha hablado del techo de cristal y de la brecha salarial entre sexos, menos se mira hacia la discriminación entre iguales”. Algunos de los empleados públicos afectados por esta “discriminación” llevan más de veinte años trabajando para la administración y más de una década denunciando este conflicto, con el que también ha n recurrido, entre otras instancias, al Defensor del Pueblo.