A debate la ley de regulación de juego de España

El juego puede traer problemas como la adicción. Sin embargo, su prohibición conlleva a las vías ilegales. Son las palabras de la abogada Patricia Lalanda en su ponencia ofrecida en Ceuta sobre la intervención pública para regular este asunto a nivel nacional, una conferencia enmarcada en las XIII Jornadas Jurídicas.

La lotería y las apuestas han estado presentes en la humanidad desde hace años. Históricamente ha acompañado al hombre en distintas épocas en las que ha sido clandestino o legal. Siempre ha tenido una injerencia por parte del Estado. La abogada mantiene que la normativa española debe ser puesta a debate ya que considera que constituye, de algún modo, trabas para el negocio.

La razón por la que esto sucede no es otra que la de evitar los riesgos que supone para las personas, con un especial énfasis en el desarrollo de la ludopatía.

El giro más actual que ha impactado en el mundo del juego es la llegada de su versión online. Todos estos cambios han llevado al Gobierno de España a la aprobación de una ley para regular este sector con la finalidad de evitar la adicción al juego por parte de los usuarios.

Ley de regulación

La norma nació para dar respuesta jurídica a la evolución del juego, sobre todo en redes y en internet. Se trata de asegurar una mayor eficacia de la protección social de menores y jugadores, así como la prevención de actividades fraudulentas y blanqueo de capitales.

Lalanda critica que en esta regla no se asentó la definición de juegos de azar. Sin embargo, se unificó en la ley 13 y quedaron plasmadas como todas aquellas actividades en las que se arriesguen cantidades de dinero en las que la suerte tenga su papel.

Sistema de doble licencia

Existen dos tipos de licencia. La general, que compete a casinos, apuestas y concursos, así como las singulares, que abarcan otros juegos específicos permitidos que cuentan con una regulación concreto.

Se han dado a nivel nacional tres convocatorias para concederlas, la última en el año 2018. Estas pueden darse a petición de un interesado siempre y cuando hayan pasado 18 meses desde la anterior o bien ser propuestas por la propia administración si lo ve necesario.

Existen actualmente en el país 80 operadores de juego. No se han otorgado más desde 2017. La razón estriba en una resolución por parte de la Dirección General de ordenación de juego en la que se anuló una nueva.

Alegaron que, al ser reciente la normativa de publicidad y de juego responsable, aún no se podían ver con claridad los efectos de ambos en la sociedad. Es decir, estimaron que no era conveniente dar salida a más operadores al no saber hasta qué punto es efectiva esta regulación.

Lalanda expone que hay estudios que visibilizan que los casos graves de ludopatía en jóvenes no son graves ni numerosos.

A su juicio considera que los análisis llevados a cabo por el Gobierno no son completamente definitorios. “Aparecen datos que no se pueden contrastar con otros resumidos. No se puede acceder a las tablas que han elaborado para lograr los resultados”, ha apuntado la abogada.

“Esto no justifica que no haya una nueva convocatoria”, ha destacado. La licenciada estima que no es proporcional la medida con la problemática actual.

La situación ha llevado a una especie de burbuja en la que estos negocios se sirven de otras alternativas para adquirir licencias y, con ello, la compra de empresas para tenerlas ya que, de otro modo, no pueden obtenerlas.

Entran en juego también los grandes grupos internacionales, que absorben a otras compañías y que, una vez las tienen en su poder, venden alguna de estas licencias al aprovechar que existe un interés por ellas.

Crítica a las acreditaciones exigidas

La abogada pone en el punto de mira a todos los elementos y requerimientos a acreditar por parte de las empresas para lograr una de estas licencias. Denuncia que son demasiados y complejos. Algunos de ellos implican la muestra de la capacidad del solicitante, la solvencia económica o los proyectos técnicos.

Sí aplaude a la que versa sobre las garantías a jugadores. A través de esta norma los participantes pueden estar tranquilos ya que, por ley, las compañías deben asegurar el pago de los premios y el uso de sus depósitos solo para estas cuestiones. Asimismo, señala que “se exige demasiado en cuanto a la protección de datos”.

Otros de los ámbitos que Lalanda cree que conviene discutir son los decretos sobre juego responsable y publicidad. A su vez, ha hablado sobre el futuro del negocio.

Actualmente está sobre la mesa de la administración la creación y puesta en marcha de un algoritmo que permita detectar comportamientos de riesgo en jugadores con la finalidad de retirar a este usuario una vez que se ha demostrado que sus acciones pueden conllevar una adicción.