De penas y delitos

La entrada de inmigrantes ocultos en dobles fondos de vehículos se ha convertido en una técnica exitosa para aquellos que se dedican a traficar con las vidas de los demás.

Resulta imposible controlar la frontera al 100%. ¿Se imaginan un registro exhaustivo de cada coche?... Yo más bien me imagino las llamadas desesperadas a los despachos porque el tránsito fronterizo se ha ralentizado tanto que resulta imposible cruzar el paso a su hora. La arquitectura propia de la frontera impide que esa labor pueda llevarse a cabo como se debería en un punto de tránsito con la presión de Tarajal, convertida en una de las líneas más tercermundistas (Europa sabe, Europa calla).
Lo grave de este tipo de pases es el riesgo al que es sometido el inmigrante. No todo es balsas, no todo es valla. El pase en vehículos conlleva un riesgo, quizá no nos demos cuenta del mismo hasta que nos topemos con algún caso dramático. Hemos estado a punto de ello, pero gracias a la pericia de los agentes destacados se ha podido liberar de esos dobles fondos transformados en ataudes a mujeres, hombres y hasta bebés.
Ahora la 'moda' parece estar en entrar a toda velocidad llevándose por delante a los agentes que intenten bloquear al vehículo y poniendo en mayor riesgo a los subsaharianos ocultos en lugares como los salpicaderos. La situación es de tal gravedad que debería haberse tenido en cuenta a la hora de llevar a cabo cualquier reforma del Código Penal, contemplando penas mucho más duras de las que se plantean en este ámbito. Uno no puede irse de rositas con 2 años de prisión por este tipo de prácticas. La única manera de torcer lo que es una de las vías más arriesgadas para las personas que, desesperadas, pagan lo que tienen por lograr esa plaza, es elevando las condenas, algo que no ha sido tenido en cuenta en la reforma planteada.
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta consiguió, a base de condenas de 7 e incluso 8 años de prisión, erradicar las prácticas de los motores humanos que dejaron muchas muertes en el camino. Se trataba de magrebíes que introducían a subsaharianos que no sabían nadar sirviéndoles de particular motor. El drama llegaba cuando los abandonaban sin llegar siquiera a la orilla y éstos fallecían ahogados. Las muertes se disparaban, el tribunal actuó con sentencias ejemplares.
Lo mismo ocurrió con la Operación Marinas. Al buen trabajo hecho por la Benemérita se le sumaron penas elevadas al hilarse el tráfico de estupefacientes con el blanqueo, eliminando así la tapadera montada en el puerto deportivo.
Hoy, cuando decenas de subsaharianos son arrojados a pases dramáticos en los que además se está poniendo en riesgo a los guardias civiles de la frontera, se debería contar con un respaldo legal que diera más margen a los jueces para vetar lo que no es más que la esclavitud del siglo XXI.