La batalla contra la discriminación y a favor de la inclusión de las personas con discapacidad la libran las administraciones –y sobre todo las asociaciones que las agrupan y velan por sus derechos– desde que la Constitución consagró su defensa y los cuerpos legislativos posteriores le dieron forma. Sobre los avances y el camino recorrido, pero también los restos pendientes, que no son pocos, debatieron ayer los participantes en la primera edición de las Jornadas sobre Discapacidad de Ceuta. La primera de las mesas redondas pasó revista a lo ya alcanzado en forma de proyectos, iniciativas y respaldo de las Administraciones Públicas. Jesús Celada, subdirector general de Participación y Entidades Tuteladas, dibujó “el compromiso” del Ejecutivo central con el colectivo, canalizado a través de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, y del Real Patronato, el órgano más enfocado hacia la “sensibilización” y que, entre otras misiones, tiene encomendada la de conceder los Premios Reina Letizia. La versión local la aportaron María Remedios Muñoz Arrebola, directora del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Ceuta, que se encargó de repasar el catálogo de deducciones, bonificaciones y ayudas directas a la contratación y al mantenimiento del empleo de personas discapacitadas, un esfuerzo que en Ceuta cristalizó en 2014 en un dato relevante: 109 trabajadores con algún grado de minusvalía con contrato indefinido y otros 18 de carácter temporal. La vertiente educativa fue la parcela que examinó Rafael Escalante, orientador del Centro de Educación Especial ‘San Antonio’, que trata de enfocar hacia la inclusión a aquellos alumnos con necesidades especiales (ACNEE) en todas sus vertientes: auditivas, motoras, visuales, con trastornos de conducta... En el apartado de conclusiones lanzó tres apuestas: que se prolongue la estancia en guarderías y escuelas de Infantil, y favorecer la repetición extraordinaria de etapas en Educación Básica, además de “ensayar nuevas modalidades de escolarización”. De los proyectos y las líneas de financiación, al día a día a de los discapacitados. Por ejemplo, los muros que levantan las barreras arquitectónicas por desconocimiento o desinterés de las administraciones y promotores privados. Se ha avanzado, coincidieron los ponentes de la segunda mesa redonda, pero aún se ven “cosas muy extrañas”. Miguel Ángel Valero –el popular rostro de Piraña en Verano Azul, ahora reconvertido en director gerente del Centro de Referencia Estatal de Autonomía personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT)– asumió que “hemos hecho mucho, pero queda aún más”, hasta el punto de considerar que “un lugar accesible es una eutopía”, parafraseando a Tomás Moro. Quienes quizás sepan más de barreras arquitectónicas sean Sebastián Herrera, técnico de Rehabilitación de la ONCE, y Jesús Rodríguez Aguilera, arquitecto e integrante de la Comisión de Accesibilidad de la Ciudad. El primero acercó a los asistentes a los obstáculos con los que se topa un invidente a diario, desde un macetero mal colocado en un paseo a mobiliario urbano con aristas o bordillos mal situados, mientras que el segundo mostró todo un ramillete de sinsentidos –una rampa con peldaños en Calle Real 90 o carteles ilegibles– aunque se congratuló de las últimas mejoras, como en las obras de Avenida Regulares, Paseo Benítez o el Museo. La última de las ponencias conjuntas repasó las líneas de actuación e incentivos de las dos administraciones. De la central se encargó Alfonso Grande, director territorial del Imserso, el ente organizador de la Jornada, y de la local Mercedes Gil, técnico de la Consejería de Asuntos Sociales.
España, “un referente en la atención a las personas vulnerables” A. G. CEUTA El empleo en el sector de las personas con discapacidad creció en los últimos años a un ritmo del 13 y del 20 por ciento, justo cuando aún azotaban los últimos coletazos de la dura crisis económica. Esas cifras revelan, según destacó ayer el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño Gómez, que el respaldo de las instituciones públicas al sector no ha cesado ni siquiera en los momentos más duros. Fue una de las conclusiones que lanzó en el acto de inauguración de las Jornadas, al que asistió el nuevo delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, para darles oficialmente el pistoletazo de salida. Tremiño destacó la “implicación de las Administraciones y de los profesionales, así como la colaboración de las diez asociaciones locales integradas en el CERMI”, que ayer ejercía como coorganizadora del acto. Su presidenta, María Luisa Villadén, agradeció el foro de debate, pero advirtió de que “debería haberse hecho mucho antes”. De una forma u otra, ambos coincidieron en que el paso de los años conduce al sector hacia la “normalización y la inclusión”. Contribuirá la Ley del Tercer Sector, en la actualidad en trámite parlamentario y que verá la luz antes de que se dé por finiquitada la legislatura. Y todo ello, para ratificar a España “como un referente en la atención a las personas vulnerables”. El representante de la Administración central aportó un dato: el 80 por ciento de los niños discapacitados están escolarizados en Ceuta en centros normalizados. Cucurull apostó con profundizar en la labor de “eliminar barreras” y en caminar hacia una “sociedad moderna”. Para ello, alertó, es necesario desterrar “la desinformación” que puede fomentar los prejuicios y el distanciamiento hacia el colectivo de los discapacitados. “Todos, empezando por los poderes públicos, debemos sentirnos especialmente sensibles con las personas discapacitadas y facilitar su vida y su desarrollo para garantizar así su bienestar”, apostó el delegado del Gobierno.