De documento administrativo a estrategia de desarrollo futuro

El arquitecto Carlos Pérez Marín propone crear una comisión representativa.

Ante la congelación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se encontraba en su fase de aprobación inicial, el arquitecto Carlos Pérez Marín recordó ayer las alegaciones del Colegio Oficial de Arquitectos a la Memoria Justificativa que se centran en la frontera, la red de transportes, el Puerto y los terrenos ganados al mar. Cuando Pérez tecleó la palabra ‘frontera’ en el buscador del documento se quedó “alucinado” al comprobar que el único resultado que arrojaba era la mención al proyecto excluido de conexión Puerto-Frontera , es decir, “que es como si ésta no existiera” pese al “plan de reactivación de la economía centrado en el comercio que viene de Marruecos, no en el contrabando, sino en el turismo, las compras, pasar unos días...”.
Aunque desconoce cuáles han sido las causas de la decisión anunciada por la Ciudad Autónoma, la cual calificó de “traumática por el dinero y tiempo malgastados”, sí reconoció que es “acertada” si se tiene en cuenta una “visión a medio y largo plazo de lo que hubiera supuesto su aplicación” en cuanto a que, la ausencia de estos aspectos en esta herramienta de planteamiento urbanístico, “significará la redacción de un nuevo documento”.
En este alto en el camino, Pérez consideró que sería “deseable” que el Gobierno creara una primera comisión en la que estén representadas todas las fuerzas políticas, sociales y económicas de la ciudad, con el fin de establecer una estrategia que permita evaluar los problemas de la ciudad y, posteriormente, tratar entre todos de dar solución a los mismos.
Este arquitecto, personalmente, duda de la “capacidad” de las autoridades para comprender qué significa un PGOU. Durante décadas, expuso el profesional, “políticos y arquitectos” han utilizado el planteamiento como un “mero documento administrativo” en el que había que cuadrar diversos parámetros mediante tablas de superficies, edificabilidades, aprovechamientos, presupuestos... “Olvidándose por completo del fin último, establecer una estrategia y un plan de desarrollo futuro para una ciudad, el cual se concretará en un documento mediante planos y textos, pero éstos estarán subordinados a dicha estrategia y no a la inversa”, subrayó Pérez. Asimismo, consideró “pernicioso” para el interés general que las mismas personas continúen dirigiendo esos trabajos.
Por otra parte, manifestó sus dudas acerca de que las personas con responsabilidad directa o indirecta, política o técnica, “comprendan y asuman” el significado de las palabras “transparencia y participación” en el contexto del planeamiento urbano. Esta sospecha del arquitecto se extiende a que entiendan que una “reflexión sobre los cuatros temas citados pueda hacerse sin debate y de manera unilateral”.
Como ejemplo, Pérez Marín apuntó al problema de la frontera a corto, medio y largo plazo, el cual, sostuvo, “no se va a resolver incluyendo en el próximo documento el proyecto que se está redactando desde Madrid, el cual no se ha publicitado, ni debatido y que puede dificultar un desarrollo posterior de esa zona estratégica de la ciudad”.
Una zona en la que convergen dos de los aspectos que Pérez considera fundamentales para el desarrollo urbanístico de Ceuta: paso fronterizo y la opción de ganar terrenos al mar. “No solo es cuestión de contar con uno o dos carriles más a la frontera, sino de ganar 500 metros al mar y solucionar otros problemas de falta de infraestructuras de barriadas como la Almadraba, Príncipe o los que están por venir por el desarrollo de Loma Colmenar”, argumentó el arquitecto. Pero, ¿cuáles son los límites de la ciudad? De acuerdo con el razonamiento de este conocedor del urbanismo a ambos lados de la valla, “se puede modificar” tal y como ha quedado patente a lo largo de la historia en el Puerto, una medida que conlleva “oxigenación”.
Además, el anuncio de tener el nuevo documento en nueve meses, “nos aclara las intenciones del Gobierno, el cual debe creer que el tema de la participación ya ha quedado solventado con el anterior periodo de exposición pública y las consiguientes alegaciones”, afirmó el arquitecto. Mientras que una “verdadera” política de participación, estimó que requerirá al menos de nueve meses de diálogos y debates.