Tengo serias dudas morales sobre el nivel de bondad del que puede presumir quien se pone en contacto personalmente con un personaje relevante de cualquier gobierno en busca de una ayuda de carácter nepotista. Esta escueta introducción es una pequeña e insignificante valoración personal a raíz de las acusaciones que vertió en uno de los programas de la televisión pública de esta ciudad la señora que acusó al ex número uno del partido que gobierna (o desgobierna) en la actualidad los dominios que rodean a quienes ahora leen estas columnas. Un programa que se permitió el lujo de emitir, durante varios segundos, el número de teléfono móvil de a quien se acusa (reflejado en el móvil de la presunta acosada), ahora al alcance de todos aquellos que vieran la entrevista y que, en un arranque de suspicacia, decidieran apuntarlo para flagrar el dilema que nos ocupa hoy unos grados más.
En relación a los hechos narrados por la denunciante, he de apuntar, principalmente, que no comprendo cómo después de los primeros encuentros en los que supuestamente esta observó las intenciones del acusado, pudiera continuar acudiendo a un destino público en horas intempestivas (anormales para su funcionamiento regular), y menos aún a un destino de índole personal. Mantengo mi firme convicción de que una persona que se siente incómoda o amenazada no prolonga su trato con quien la hace sentir de esta manera, y si a pesar de ello se reincide, no me cabe pensar otra cosa que el hecho de que esté compensando ese “sufrimiento” con la consecución de un objetivo premeditado. Al final, uno acaba deduciendo que todo este embrollo se puede plantear como una evidente y fría transacción de favores, con renuencia o sin ella. Y en caso de ser veraz lo expuesto, no sería sino un trato consentido. Como es obvio, al margen de la elucubración anterior quedan las consideraciones legales que la justicia considere oportunas, en honor a la legislación española, sobre la licitud de dicha transacción.
Tomando como referencia otro vértice, en este caso el relacionado con la demostración de los hechos que la denunciante ha proferido con tanta intensidad como delicadeza hallan en sí mismos, supongo por pura obviedad que las pruebas que ha de tener en su poder para probar todos los acontecimientos que se han narrado deben de ser tan concluyentes que no existe duda que pueda surgir, de ahí la manifiesta seguridad con la que ha concatenado públicamente acusación tras acusación, extendiendo las implicaciones más allá del acusado prístino.
Centrando la atención en el/los polémico/s vídeo/s, de índole sexual, que con casi toda probabilidad se blandirá/n en prueba del acoso que se denuncia, no puedo decir que me convenzan como prueba/s irrebatible/s, pues, ¿bajo qué parámetros se dictamina si son o no consentidas las relaciones sexuales que se observan? Para lograr una resolución favorable a la denunciante las actitudes han de estar retratadas con diafanidad rotunda. De no ser así, la/s prueba/s no tendrá/n la relevancia que se le/s ha querido conceder. Porque si fuera de esta manera, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si una pareja de jóvenes grabara una de sus relaciones sexuales y pocos meses después, cuando ambos se hubieran peleado y uno de ellos quisiera vengarse (muy en sintonía de esta juventud sin pudor), se presentara como prueba de que han mantenido una relación sexual no consentida por parte de alguno de los dos, finalmente denunciando un presunto acoso? Las interpretaciones de la judicatura serían la clave de la fortuna o el infortunio, con más visos reales de decantarse por desechar la idea del acoso.
Otra de las pruebas “concluyentísimas” que debería custodiar en la caja fuerte de algún banco extranjero es la que ha de acreditar que desde una sociedad municipal se quiso comprar su silencio a cambio de una suculenta cantidad de dinero adherida a una casa y a un trabajo cómodo y bien remunerado. Grabo esto dando por hecho, con ironía como en el resto del escrito, que la denunciante tenga en su poder la/s prueba/s que demuestre/n un movimiento de tamaña gravedad. Al mismo tiempo y aunque menos importante, debería guardar bajo algún tiesto (porque es un lugar inusual para que los ladrones hurguen) la/s evidencia/s que demuestra/n que el acusado estaba dispuesto a entregarle las preguntas de una mencionada oposición, revelando con ello una trama de mayor calado. Si bien este tipo de situaciones puede hablarse entre el gentío, cuando se relatan experiencia personales entre personas de confianza, no pueden lanzarse en medios públicos y menos aún en tonos reivindicativos y delatores si no se disponen de las pruebas necesarias porque, aun así, es harto difícil demostrarlo delante de un juez. Y llegados al punto, lo que no se puede demostrar en un tribunal no es más que mentira en su vertiente oficial, por más que sea cierta su vivencia.
Definitivamente le veo poco recorrido a este conjunto de acusaciones en lo judicial, no así en lo mediático, donde disfrutará de un efímero crucero que pondrá fin a su viaje desembarcando en las remotas islas de las noticias olvidadas. Me apena en parte, porque en un primer momento parecía un buen golpe para restar fuerza a la derecha de la ciudad, aunque sólo fuera momentáneamente y por unas elecciones. Sin embargo, observadas con cierta perspectiva la baja probabilidad de que algún juzgado de esta ciudad asista a la presentación de pruebas concluyentes (por la dificultad de recopilarlas) y la cuasi nulas opciones de partidos políticos para tomar el relevo en la posesión del bastón de mando, me temo que lo máximo que se consumará en cuanto a daños políticos será una bajada de votos, pero nada más trascendente. Razones para que arreciaran hechos que alcanzaran una mayor profundidad las hay, este caso “garzoniano” que ha dejado entrever mucho más que un presunto acoso sexual es una de ellas, pero, afortunadamente para algunos, escasea lo más importante: mentes pensantes.
