El borrador del reglamento de los CIE no convence a las oenegés. Ni aunque quieran disfrazarlo con términos políticamente correctos. Esos centros distribuidos por toda la península, masificados de extranjeros y convertidos en nuevas cárceles con menos derechos dejarán de denominarse CIE para transformarse en CECE, Centros de Estancia Controlada de Extranjeros. Un cambio que arrastra otros de mayor calado que vienen a satisfacer las querencias de una administración pero no de quienes enarbolan la bandera de defensa de los derechos humanos de los inmigrantes allí acogidos. Estos centros no pillan de lejos a Ceuta, ni mucho menos. A los CIE de la península, sobre todo los ubicados en el sur peninsular, marchan, prácticamente cada semana, grupos de inmigrantes que abandonan el centro del Jaral. Generalmente tras cumplir los plazos legales quedan en libertad, formando parte de los amplios grupos de invisibles. Los hay que terminan integrando los vuelos de repatriación a sus países. Ahora el Gobierno quiere cambios sobre estos nuevos CECE. Los quiere acosado por las últimas muertes habidas en CIEs y por las denuncias que en toda regla han presentado distintas oenegés. El nuevo anteproyecto de Real Decreto que regula temporalmente los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) desde el pasado junio de 2012 no ha convencido a las asociaciones pro derechos humanos y de abogados, que lo califican de “insuficiente” por no introducir mejoras, según informaba ayer la agencia Europa Press. El borrador del reglamento fue impulsado por el Ministerio de Interior para dar respuesta a las críticas ciudadanas sobre los CIE, en concreto el de la Zona Franca de Barcelona, donde el pasado 6 de enero, hace un año, falleció el joven guineano Idrissa Diallo sin que se pudieran esclarecer las circunstancias de la muerte. La Comisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab), el Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la UB (OSPDH), SOS Racisme de Catalunya y la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR) han explicado que hay que seguir reivindicando los derechos de los inmigrantes, pues el anteproyecto no soluciona el problema y, en algunos casos, “lo incrementa”. Denuncian que el borrador es “prácticamente idéntico al que ya había y no se aprobó” salvo algunas modificaciones estéticas como el cambio de nombre que las oenegés califican de “estrategia de maquillaje”. SOS Racismo denuncia que la asistencia jurídica y social en estos centros no está clara, pues es el director quien autoriza las visitas “cuando la urgencia del caso lo justifica”, lo que contradice la Ley de Extranjería. Se trata a los internos “peor y con menos garantías que en los centros penitenciarios” cuando sólo han cometido una infracción administrativa. “La defensa de los sectores más vulnerables tampoco se garantiza”, denuncian. Las oenegés quieren que su voz crítica se escuche, que se les atienda, que los cambios sean posibles para que los inmigrantes que lleguen a estos centros de internamiento puedan defenderse o puedan reclamar el asilo, trámite que muchos desconocen cómo seguir.
Blindaje en el lado marroquí
Mientras en España se debaten los cambios, las normas y leyes que afectan directamente a los inmigrantes, en Marruecos continúan con la operación blindaje al otro lado de la frontera. Al elevado número de agentes que se posicionan justo al lado del espigón del Tarajal y a lo largo de toda la carretera, se suma la hilera de concertinas con las que se evita que los inmigrantes puedan trepar y escapar de las persecuciones que protagonizan con los policías. El Tarajal amanece cada día blindado y Marruecos escenifica un control cada vez más férreo que ha posibilitado que hoy, por ejemplo, el CETI siga disponiendo de plazas libres.r.a. Blindaje en Marruecos, para evitar la entrada de subsaharianos.