Estos documentos se corresponden en su mayoría con expedientes relacionados con la masonería y las logias. El Boletín Oficial del Estado, BOE, publicó ayer el convenio suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Ciudad Autónoma para la digitalización de más de 240 documentos relacionados con Ceuta y cuyos originales se custodian en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, que está adscrito al Ministerio de Cultura.
Los documentos cuya digitalización solicitó la Ciudad, a través de su Archivo General, se corresponden en su mayoría con expedientes relacionados con masonería y logias.
Los trabajos de reproducción digital se realizarán, por personal contratado a tal fin por la Consejería de Educación , Cultura y Mujer de Ceuta en la sede del Centro Documental donde se conservan los documentos y expedientes originales. Esta labor de digitalización será sufragada íntegramente por la Ciudad Autónoma.
La reproducción que se efectuará atendiendo a las recomendaciones al efecto de los organismos internacionales aplicables a archivos del Ministerio de Cultura, quedando la copia en posesión del Archivo General de Ceuta con fines exclusivos de investigación.
Este convenio está enmarcado en la colaboración entre administraciones, para promover el enriquecimiento, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico y documental especial para una adecuada difusión de la procedencia de los fondos originales o de los centros que lo custodian.
Corresponde al Estado, a través del Ministerio de Cultura, como titular patrimonial de los soportes originales, cualquier forma de difusión, nacional o internacional, sin perjuicio de colaboraciones específicas que, en su caso, se puedan establecer con el Archivo de Ceuta mediante convenio.
El Centro Documental de la Memoria Histórica fue creado por Real Decreto 697/2007 con la finalidad de reunir los fondos relativos al periodo comprendido entre 1936 y 1978.
Su núcleo documental fundamental es el existente en el Archivo General de la Guerra Civil Española, creado por Real Decreto 426/1999 con la finalidad de conservar y disponer sus fondos documentales para la investigación, la cultura y la información.