La historia ha terminado por transformarse en un culebrón. Y es que la cesión de una parcela en el
puerto de Ceuta para
Trace, que según el PSOE se ha conseguido vía convenio con la Ciudad, va a terminar siendo motivo de enfrentamiento político con amenaza de denuncia por prevaricación.
Vox vuelve a arremeter contra este asunto y ahora dice, en un comunicado, que ese convenio es “supuesto” y por tanto requiere al Gobierno local que aporte ese documento ya que, de no hacerlo, se puede incurrir en una prevaricación.
El PSOE acusó a la senadora de Vox, Yolanda Merelo, de faltar a la verdad después de que el Grupo Socialista comunicara que, efectivamente, se había suscrito dicho convenio. “A pesar de que el propio PSOE de Ceuta anunció y publicitó en los medios de comunicación que se había logrado la concesión de una parcela de 10.000 metros cuadrados para albergar unas nuevas instalaciones para Trace, el Ejecutivo nacional ha negado que se haya iniciado dicho proceso a preguntas de Vox. Ahora el PSOE ha salido al paso asegurando que la vía por la que se conseguirá esta parcela es un acuerdo entre la Autoridad Portuaria y la Ciudad Autónoma para la cesión del terreno a la administración local. Por ello, a tenor del derecho de información y consulta del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, se solicitará el acuerdo que recogería dicha concesión”, aclaran en una nota. La formación pone en duda que ni siquiera se haya producido la firma del convenio al que alude el PSOE porque, insiste Vox, la cesión de una parcela portuaria no puede ser destinada a este fin. Por ello, advierte el partido, “si es cierto lo manifestado por Gutiérrez, y se da la existencia de un convenio, podría haberse incurrido en prevaricación”, advierten. Insiste Vox que la concesión sería un fraude de ley o un quebrantamiento de la ley de Puertos, ya que esta señala que “no se podrán otorgar concesiones o autorizaciones en áreas asignadas a usos no compatibles con su objeto concesional, de acuerdo con lo establecido en la delimitación de los espacios y usos portuarios que se encuentre en vigor”. “Y es que, en el artículo 72 de esta ley, sobre los usos y actividades permitidas en el dominio público portuario, se apunta que la ocupación de espacios de dominio público portuario destinados a usos portuarios por los órganos o entidades de cualquier administración pública, para el cumplimiento de los fines de su competencia, sólo podrá autorizarse para usos o actividades que, por su relación directa con la actividad portuaria, deban desarrollarse necesariamente dentro de los mismos”, sentencia. “Mientras que el artículo 73, en su apartado 3, estipula que cuando algún órgano de la Administración General del Estado requiera la utilización del dominio público portuario, solicitará de la Autoridad Portuaria correspondiente los bienes de dominio público necesarios, quien autorizará dicha utilización siempre que sea compatible con la normal explotación del puerto”. “No obstante, cuando la Autoridad Portuaria considera que la solicitud es incompatible con la normal explotación del puerto, la eleva a Puertos del Estado quien, una vez emitido el correspondiente informe, lo traslada al ministro de Fomento, quien a su vez debe resolver sobre el otorgamiento de la autorización, atendiendo al interés general. Pero, esto sólo será posible siempre que no perjudique la normal explotación del puerto y siempre que sea para usos portuarios”, mantiene la formación. “Es una falta de respeto para los trabajadores de limpieza viaria que se esté jugando con falsas promesas sobre la mejora de sus condiciones laborales. Este es uno de los motivos por el cual se hace más necesario que nunca que se proceda a la municipalización del servicio”, apunta.