La educación constituye uno de los derechos fundamentales en nuestro país. Así se contempla en el artículo 26 de la Carta Universal de los Derechos Humanos; en el artículo 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; y en el artículo 27 de la Constitución Española. En consecuencia, la escolarización de todos los menores, sin excepción ni exclusión posible, es un derecho para los ciudadanos y una obligación para los poderes públicos. A veces, es necesario empezar explicando lo obvio. Es algo propio de este tiempo. No estamos, pues, ante una cuestión opinable, sino ante un mandato constitucional de ineludible cumplimiento. Por eso resulta especialmente repudiable el debate abierto que existe en nuestra Ciudad sobre la escolarización de los menores extranjeros (estén, o no, acompañados). Provoca una inevitable vergüenza ajena comprobar la fuerte resistencia social que se percibe, en muy amplios sectores de nuestra Ciudad, a que los menores que viven aquí (independientemente de su situación administrativa) puedan ocupar un pupitre para hacer efectivo su derecho a la formación, por el mero hecho de ser marroquíes. Se trata, sin la menor duda, de una muestra de indisimulable racismo. Estas posiciones retrógradas (e inconstitucionales) se edulcoran con falaces argumentos pretendidamente pedagógicos, tales como una hipotética merma en la calidad de la enseñanza impartida, o en la elevación de las ratios ya de por si elevadas. Pero todos sabemos que no es verdad. La razón de fondo es el rechazo visceral a este colectivo, aún a costa de situarnos al margen de los principios democráticos y de las propias leyes. Por este motivo, durante muchos años, niños y niñas, en edad escolar, y residentes efectivos (aunque no empadronados) en Ceuta, se han visto privados de un derecho constitucional de una manera tan alevosa como vergonzante. Marginados en el sentido literal de la expresión. Condenados a dar clases “informales”, y ello, gracias a la vocación de un reducido grupo de personas solidarias. Incluso un Gobierno de izquierdas se mostraba absolutamente reacio a cumplir con su obligación. Pensaban que dar ese paso tendría un fuerte coste electoral porque “en Ceuta, hasta la gente progresista está en contra de la escolarización de menores extranjeros”. Algunos cargos públicos de entonces, más sensibles y concienciados, tuvieron que diseñar un mecanismo especial para escolarizarlos de manera discreta y dosificada (de forma que no trascendiera a los medios de comunicación)- Afortunadamente la determinación del equipo ministerial actual ha sepultado definitivamente esta indignante injusticia (ayudados por el nuevo escenario generado por la pandemia). Hoy todos esos chavales están en sus aulas correspondientes. En los mismos términos podemos hablar de los menores no acompañados (también de los que entraron en mayo del año pasado). Cuando el Ministerio anunció el proceso de escolarización inmediata de este colectivo, también se desató la (parece que) inexorable polémica. A pesar de ello, el Ministerio se mantuvo firme en una decisión plausible que merece el justo reconocimiento público. Ahora se puede afirmar que se está cumpliendo la ley, lo que conociendo cómo funcionan estas cosas en Ceuta se puede considerar como una auténtica hazaña.
En un tiempo en el que la extrema derecha se expande a toda velocidad, y por momentos da la impresión de que actitudes radicalmente reprobables como el racismo (y en especial la islamofobia), el machismo, la homofobia o la xenofobia, se consideran “normales”, es preciso apuntalar y fortalecer los muros democráticos de contención
Pero ahora que están (casi) todos los menores escolarizados, debería ser el momento de la evaluación y las conclusiones. Y comprobar quien llevaba razón. El comportamiento de todos estos chavales, en todos los centros, está siendo ejemplar. No se ha producido ningún incidente reseñable. Los docentes que los atienden directamente están encantados. Por fin todos hemos descubierto que los niños y niñas son, antes que cualquier otra cosa, niños y niñas. Quienes se oponían rotundamente a esta decisión, deberían ser honestos, aunque solo fuera con ellos mismos, y reconocer su error. No hace falta que lo hagan públicamente. Pero deberían hacerlo en su intimidad. Porque así contribuiremos todos a forjar una sociedad mejor, más humana, más acogedora. Nunca más se debería cuestionar la necesidad, y la importancia, de que todos los menores del mundo, sean quienes sean, estén donde estén y tengan la condición política o administrativa que tengan; dispongan siempre de un lugar en una escuela. En la defensa de este principio, los docentes deberíamos ser especialmente celosos. Porque somos protagonistas directos de los procesos de enseñanza. Y tenemos un contacto directo con el alumnado. Vivimos con ellos sus vicisitudes, sus esfuerzos, sus anhelos, sus inquietudes, sus debilidades, sus frustraciones, sus problemas, sus errores, e incluso sus acciones disruptivas (siempre reconducibles). Palpitamos con ellos. Y sabemos que el alma de un niño o una niña no está contaminada por nacionalidades, ideologías, leyes, o documentos de ningún tipo. Entre los niños y niñas no hay fronteras. De ningún tipo. No nos las inventemos.
Estamos en la fase de preparación del próximo curso. Somos conscientes de que una parte muy importante del profesorado que atiende a este colectivo lo hace en virtud de un “cupo extraordinario” justificado por los “sucesos de mayo” y financiado con fondos europeos. Por eso es preciso advertir al Ministerio que en este asunto no cabe dar pasos atrás. Es preciso garantizar la escolarización de todos los niños y niñas que estén en Ceuta y el cupo necesario para que los procesos e enseñanza aprendizaje se puedan desarrollar satisfactoriamente.
En un tiempo en el que la extrema derecha se expande a toda velocidad, y por momentos da la impresión de que actitudes radicalmente reprobables como el racismo (y en especial la islamofobia), el machismo, la homofobia o la xenofobia, se consideran “normales”, es preciso apuntalar y fortalecer los muros democráticos de contención. Hay polémicas y debates (como la escolarización de los menores extranjeros) que no pueden trascender a los centros educativos Nunca más. Y los docentes debemos estar proactivos y en primera línea de la defensa de los principios democráticos y de los valores constitucionales.