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La Cuenta General de 2020, al Pleno el próximo martes

Su aprobación fue bloqueada en junio por el PSOE y se trata del conjunto de documentos y estados que la entidad local tiene que elaborar una vez finalizado cada ejercicio para informar sobre su situación patrimonial

La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, llevará el martes a Pleno la Cuenta General de la Ciudad de 2020, expediente cuya aprobación parlamentaria bloqueó el PSOE en junio al votar en contra de las de Obimace por un doble motivo: en desacuerdo con la gestión del exgerente Gregorio García Castañeda y por algunas “incidencias” que dijo haber detectado en el análisis de los números de esa sociedad.

La Cuenta General es el conjunto de documentos y estados que la entidad local tiene que elaborar una vez finalizado cada ejercicio para informar sobre su situación patrimonial; sus gastos, ingresos y beneficios o pérdidas; y cómo se ha ejecutado su Presupuesto.

La Ciudad también debe sumar una Memoria justificativa de coste y rendimiento de los servicios públicos y otra demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y de los alcanzados y el coste de los mismos.

El resultado consolidado es de 37,6 millones de euros en positivo

La Cuenta General cifra el activo y pasivo consolidado de la Ciudad en 772,1 millones de euros. En 2020 sus ingresos ascendieron a 296,2 millones de euros y los gastos se situaron en 258,5. El resultado consolidado del ejercicio antepasado se sitúa, así, en 37,6 millones de euros en positivo frente a los 20,1 con los que se había cerrado el año anterior.

Bloque del PSOE

Fuentes del PSOE explicaron en su día que sus diputados se desmarcaban del apoyo porque no respaldaban la gestión realizada por el exgerente Gregorio García Castañeda, cesado a petición suya (y recolocado como asesor delegado) tras acudir a increpar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su visita en plena crisis fronteriza de mediados de mayo.

Además, los de Manuel Hernández indicaban haber detectado “incidencias” en las cifras de la sociedad pública del año 2020 que iban a “analizar” a fondo, aunque se negaron a detallar en qué se basaban sus recelos.

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