Categorías: Sucesos y Seguridad

Cuatro años de prisión para el autor de un apuñalamiento

Carmen Echarri ceuta
Un acuerdo alcanzado dos horas después de iniciado el juicio sirvió para que un funcionario del Parque Móvil, llamado M.J.V.G., asumiera su implicación en un delito de lesiones agravadas con uso de arma blanca, lo que le llevará a cumplir 4 años de prisión (lleva año y medio entre rejas). A preguntas de la representante del Ministerio Fiscal, el acusado reconoció ser el autor de las hasta 7 puñaladas que recibió en distintas partes del cuerpo la víctima M.G.T.H., tras un enfrentamiento ocurrido en Loma Larga, en enero de 2014.
Entre agresor y víctima existían rencillas previas que terminaron con unos hechos que, en un principio, fueron calificados por el Ministerio Fiscal como una tentativa de homicidio, ya que una de las puñaladas fue asestada cerca del corazón.
Con el reconocimiento de los hechos por parte del acusado y la aceptación por las partes de su intención de no recurrir el fallo, el tribunal de la Sección VI de la Audiencia dictó sentencia in voce firme, especificando además que no daba lugar a la adopción de medidas alternativas a la prisión decretada y requiriéndosele en el momento al pago de 18.000 euros en concepto de indemnización por las secuelas sufridas por la víctima, reducidas a cicatrices en las zonas en las que sufrió las heridas.
Para llegar a esta conformidad tuvo que alcanzarse un acuerdo entre Ministerio Fiscal, Defensa y Acusación Particular, y éste no llegó hasta que la propia víctima, poco antes de tener que prestar declaración como perjudicado, manifestó a su letrado su deseo de alcanzar un pacto sin tener que seguir adelante con una jornada judicial para la que la Audiencia había reservado tres días.
La vista había comenzado con una calificación inicial que triplicaba la condena final, ya que tanto Fiscalía como Acusación Particular solicitaban 12 años de prisión ante lo que se consideraba como una tentativa de homicidio.
El desenlace de la vista nada tuvo que ver con su comienzo, ya que el acusado negó haber causado lesión alguna a la víctima. De hecho, nada más comenzar el juicio, M.J.V.G. se declaró ante la Sala inocente de los cargos que se le imputaban. Sí que reconoció que con la víctima mantenía rencillas preñadas de denuncias falsas, amenazas e intentos de agresión. “Cada vez que me lo cruzaba por la calle me amenazaba”, confesó, a lo que reaccionaba “intentando evitarlo”, dijo.
Así rechazó acudir, días antes de la agresión, al cementerio de Santa Catalina en donde, dijo, le había citado la víctima para mantener un enfrentamiento. En la noche del 29 de enero del pasado año, estallaría la situación con el rosario de navajazos.
El acusado reconoció inicialmente que solo había hecho uso de un spray de protección que portaba porque se sentía amenazado por su víctima. En todo momento negó el empleo de un arma blanca y redujo aquel episodio a un forcejeo. Cuando huyó en dirección a su vivienda, él mismo llamó a la Policía para comunicarles lo ocurrido, momento en el que, narró, se enteró de que la víctima tenía tal cantidad de cuchilladas cuyo origen no pudo determinar pero que lo circunscribió a algo ajeno. “Me enteré de sus heridas en prisión”, aclaró. “No encuentro explicación”, añadió.
Hasta aquí llegaba el relato del acusado, hasta este momento se mantenía a testigos señalados, una videoconferencia en espera y horas de análisis judicial. La Sala permitió incluso la declaración de un testigo sorpresa. Un joven propuesto por la Defensa que, año y medio después de lo ocurrido, se había decidido a declarar. Antes no, “por miedo”, ahora sí, “porque me enteré que le pedían muchos años... y bueno... 12 meses en prisión... le puede pasar a cualquiera... pero más años... es una vida”. Así, bajo tal justificación, llegó a declarar contando a la Sala que aunque no fue testigo de las puñaladas en sí, pudo apreciar de reojo cómo la víctima habría abandonado el lugar en un coche, así que, indirectamente, desbarataba la tesis de que hubiera sido apuñalado en ese momento y por el acusado.
Llegaba así el segundo momento clave del juicio, ése en el que cabe escuchar la otra parte de la historia, la que debe aportar la víctima, cuando el letrado de la Acusación Particular, Jorge Martín Amaya, solicitó al tribunal un receso para proponer, a petición de su representado, un acuerdo entre las partes. ¿El motivo? No se dijo. No se hizo pública la justificación que llevó a que fuera la propia víctima la que propusiera no seguir adelante bajo estos términos acusatorios, ofreciendo un acuerdo para zanjar el proceso con una conformidad.
Tras varios minutos de debate, las partes sellaron el visto bueno, transformando una acusación previa de tentativa de homicidio en un delito de lesiones, penado con 4 años de prisión al existir el agravante del empleo de arma blanca.
Fue entonces cuando el acusado se sometió a un nuevo interrogatorio para, esta vez sí, admitir que ese 29 de enero de 2014, a las 20.30 horas, roció primero con un spray a su víctima para, después, apuñalarle con la idea de atentar contra su integridad física. Asumió que mantenía malas relaciones con el perjudicado, lo que le llevó a causar tales daños. Por ello, además de la pena de cárcel y el pago de la indemnización acordada en base al informe del médico forense, se dictó un alejamiento de 200 metros respecto de la víctima durante un periodo de 7 años, que contabilizará de forma simultánea con la pena de prisión.
La aceptación de la pena, asumida por el acusado, chocaba con la escena de lamento protagonizada por sus familiares más allegados que, sentados en el banquillo destinado al público, negaban con la cabeza el resultado que había tenido este  proceso.

El suceso, en plena calle, portada de los medios de comunicación

La agresión ocurrida en Loma Larga en enero de 2014 terminó siendo uno de esos sucesos que se cuelan en las portadas de los medios de comunicación, debido a la gravedad inicial de lo ocurrido por la zona corpórea en donde se había producido una de las puñaladas. La detención del acusado se produjo al momento de lo ocurrido, prorrogándole la detención el máximo tiempo posible ya que se esperaba la testifical de una persona que nunca compareció para aclarar lo ocurrido. Finalmente el detenido ingresó en prisión hasta que, un año y medio después, ha tenido lugar la celebración de la vista oral. La Audiencia había previsto tres jornadas de sesiones judiciales debido a la cantidad de personas llamadas a declarar.

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