Cuando una medida recibe un unánime rechazo

La intención del ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, de hacer de agosto un mes hábil recibe un rechazo absoluto por parte de la Justicia de nuestra ciudad

A su lado se situaban, formando un cerco sobre su figura, los nuevos altos cargos de su cartera, dispuestos a tomar posesión mientras los fogonazos de las cámaras centelleaban en sus rostros. Eran los protagonistas pero pronto quedaron eclipsados por ‘El Jefe’, el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón quien adelantó una de sus grandes intenciones en pos de agilizar la Administración de Justicia en España: habilitar procedimientos durante el mes de agosto.
La intención que abriga el ministro, que ha provocado un sinfín de reacciones desde que las pronunciara,  opiniones sostenidas en numerosas tribunas que van desde la tertulia de bar hasta los foros de internet, desde los corrillos que se forman en el Congreso hasta la sede de los partidos, desde el norte hasta el sur, no ha dejado frío al colectivo judicial de la ciudad, tal y como les muestra ‘El Faro’ a lo largo de la presente información.
“Todas las medidas que se adopten para agilizar los procedimentos judiciales”, toma la palabra el presidente de la Sala Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta,  Fernando Tesón, “son bienvenidas, ahora bien el problema de hacer hábil agosto es que podría ocurrir que durante los meses de julio, agosto y septiembre se esté funcionando a medio gas, dado que los funcionarios, los jueces, los secretarios, todos en definitiva, se tienen que ir alguna vez de vacaciones y entonces se tendrían que ir por turnos, mientras que ahora, cuando agosto es inhábil, se procura que todos se vayan de vacaciones en tal mes para que en julio y septiembre el funcionamiento judicial esté a pleno  rendimiento”.
Asimismo, Tesón prosigue su tesis sosteniendo al respecto que “éste sería el principal handicap que podría tener esta medida, pero no el único puesto que los abogados podrían tener problemas en los plazos, además de que en el mes de agosto, por mucho que se quiera o se pretenda, díficilmente se podrán celebrar muchos juicios porque la mayoría de la gente, los intervinientes en los propios juicios, como los testigos, estarán de vacaciones”.
No obstante, Tesón aporta un resquicio de luz al oscuro panorma hasta ahora dibujado al apuntar que “en todo caso no puedo decir que esté radicalmente en contra de la medida pero sí que hay que meditar todos los aspectos reseñados porque resultan inconvenientes”.
–¿Presenta la medida algún aspecto positivo, presidente?
–Sólo encontraría ventajas, porque se agilizarían los procedimientos, si ocurriera que en el mes de agosto hubiera pleno rendimiento y no se perjudicase los meses de julio y agosto y tampoco las vacaciones de ningún trabajador, pero para ello habría que inventar una fórmula que nadie ha dado aún.
Se silencia el discurso del presidente de la Audiencia y cede el turno de palabra a un reconocido letrado, a Mohamed Alí quien apunta sobre la hipotética  ‘Ley Gallardón’ que “el ministro debe primero ser consciente de cómo está la Justicia en general en este país y antes de habilitar el mes de agosto, debería dotar de los medios suficientes, tanto humanos como materiales, a los juzgados y a las oficinas judiciales y en definitiva a la magistratura en general”.
El abogado asimismo considera que “lo que no es normal es que se hable de habilitar el mes de agosto y haya juzgados que no tengan ni impresora, por lo que el ministro debería hacer un ejercicio de prioridades y ante todos dignificar la Justicia y esto significa que haya una Administración con los recursos suficientes para que el ciudadano confíe en la Administración, para que los funcionarios, jueces, fiscales o  abogados puedan ejercer su labor en condiciones acordes con el Poder Judicial, en tanto en cuanto no se den estas condiciones, habilitar el mes de agosto no va a resolver los problemas de la Justicia de España, porque éstos son más de fondo”, determina Alí.
En este sentido, y para finalizar su explicación el letrado asegura que “si el ministro se sentara con los representantes de Justicia, con  los jueces, con los funcionarios o con los fiscales de cualquier parte del resto del país, no sólo de nuestra ciudad, seguro que escucharía muchas más reivindicaciones importantes que la de habilitar el mes de agosto”.
Por su parte, la decana del Colegio de Procuradores de Ceuta, Luisa Toro, asegura que “el colectivo en Ceuta está totalmente en contra de la propuesta del ministro de Justicia”, sentencia firme que argumenta del modo siguiente: “En agosto, los temas urgentes  continúan, no hay paralización total de la Justicia, como algunos ciudadanos pueden pensar sino que lo único que se detiene en este mes son temas de ámbito civil,  como pudiera ser el caso de reclamaciones de cantidades u otros aspectos que tampoco retrasan tanto la Justicia, de ahí que desde ese punto de vista la situación en agosto no es dramática”.
Toro añade a continuación que “funcionando como se hace actualmente, se consigue que los profesionales tengan sus período de vacaciones, algo lógico y que no desfase el funcionamiento, más aún en una ciudad como Ceuta, en donde no hay grandes despachos de procuradores, en donde no se puede dar el caso de que cuatro o cinco procuradores se puedan ir de vacaciones a la misma vez sin que el despacho se resienta irremediablemente por sus ausencias, situación que, con la nueva medida, ocurriría no en agosto, sino en todos los meses de verano”.
Haciendo un ejercicio de imaginación, Toro indica que, en el caso de que la medida se llevara hacia adelante, “los juicios que se señalarían encontrarían muchos problemas, pues peritos, testigos, o los mismos justiciables, estarían de vacaciones con lo cual se tendería a aumentar el número de suspensiones de los juicios”.
La decana del Colegio de Procuradores explica también que “los funcionarios tienen su derecho a su mes de vacaciones y tal y como se funciona hoy en día, muchos de estos funcionarios pueden tomarse su merecido descanso pero en el caso de que el mes de agosto se habilitara, se dividirían los funcionarios que tomarían sus vacaciones en julio, agosto y septiembre, lo que provocaría que se paralizara o se perjudicara el ritmo no de un mes sino de tres o cuatro meses”, señala Toro, coincidiendo por ende con el mensaje transmitido por sus colegas y mostrados en estas líneas.
Respecto a la idea que se tiene de que en agosto la Justicia cierra por vacaciones, Toro señala que “los temas importantes se habilitan también en agosto, e incluso en temas civiles se habilitan días y en el penal se funciona porque, por ejemplo, causas con presos son hábiles todos los días del año”, afirma.
“El retraso de la Justicia”, prosigue la decana de Procuradores, “no se debe ni muchísimo menos al descanso en agosto sino que se debe a una multitud de aspectos que funcionan mal en la Justicia, a una sobrecarga de trabajo inmensa para el escaso personal que existe, a que los medios informáticos que son nulos, a que el personal no tiene ni para trabajar cómodo, así hasta seguir con un montón de cosas”, asevera Toro quien, acto seguido, ofrece un ejemplo demoledor: “A veces, llegas a la oficina de un funcionario y ves cómo no tiene ni para guardar los expedientes y que los tiene que colocar sobre el suelo”.
Por tal motivo, Toro cree que “pensar que el problema de la Justicia es agosto es absurdo, una triste anécdota, de ahí que no entienda cómo a Gallardón le ha dado por aquí, ya que la Justicia tiene un problema de fondo, o tal vez sí lo entienda porque el ministro sabía que esto iba a dar que hablar y a él le gusta que den que hablar las cosas que hace porque es un político protagonista”.
Para finalizar su opinión, la decana del Colegio de Procuradores pronuncia una frase, que mezcla crudeza y humor negro: “Para que funcionara la ley, lo que se tendría que cambiar es la propia ley”.
Por último, la decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas, también ofrece su visión acerca de la hipotética medida, asegurando que “la idea que tiene el ministro, no va a arreglar la Justicia ni por supuesto agilizarla”.
A colación del mes de agosto, Valriberas señala que “la inhabilidad de este mes no es un capricho sino que está establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y además es lógica por razones como que agosto es un mes en España tradicionalmente de vacaciones y no sólo para procuradores, abogados o magistrados, sino para la mayor parte de los ciudadanos, a los que también sería muy difícil de citar para un juicio en tales fechas”.
Asimismo, la decana recuerda que “a efectos penales, a efectos incluso laborales urgentes, como pueden ser despidos, y a efectos civiles también urgentes, agosto es hábil, o sea que para lo que único que no es hábil es para temas de tramitación civil, temas penales no importantes y temas contenciosos–administrativos”.
“La medida provocaría”, prosigue su parecer Valriberas, “trastornos enormes a los abogados porque es el único mes del año que, por lo menos, no estamos sujeto a plazos, ya que si a nosotros nos notifican durante todo el mes de agosto, sería imposible que un despacho pudiera cerrar porque nosotros tenemos plazos de dos, tres, cinco, diez o veinte días y en tal caso daría igual que el testigo, el perito o alguna parte no acuda al juicio y que el juicio se tuviera que suspender porque nosotros, los abogados, tendríamos que estar siempre, en cualquier supuesto”.
Sobre la intención de Gallardón, la decana del Colegio de Abogados asegura que “no creo que la medida vaya agilizar nada, porque los funcionarios van a ser los mismos en los tres meses de verano, porque los que no cojan las vacaciones en agosto, la van a tomar en julio o septiembre y eso significaría que tampoco va a estar todo el personal disponible en esos meses con lo cual se podría retrasar el proceso tres meses y no un mes”.
“En Justicia hay mucho que hacer”, continúa Valriberas, “y no creo que esta medida que proponer el ministro sea una panacea o una solución, y además en Ceuta, las prioridades son otras, y éstas pasan desde construir un Palacio de Justicia único, donde estén todos los órganos judiciales juntos hasta poner en marcha las oficinas judiciales, o dotar a las propias oficinas que ya hay de buenos medios informáticos, además de poner la cantidad de personal adecuado, de ahí que haya mucho trabajo por delante de la medida de agosto”.
–Tal vez de haya fijado el ministro en la Justicia de otro país para proponer tal medida...
–Comprendo que en otros países, como en Alemania, se tenga cultura de que agosto es como un mes más en cuanto a la Justicia se refiere pero aquí hay arraigo de que es un mes de vacaciones y no calaría en la gente ni sería útil.
No obstante, Valriberas señala que “otra cosa son los juicios rápidos penales porque sí es verdad que, habilitando el mes de agosto, personas que a lo mejor pueden quedar en libertad o resolver su problema penal, lo prodrían solucionar en agosto sin tener que esperar hasta septiembre y esto es una cuestión que los abogados hemos asumido pero una cosa es que tengas un señalamiento o juicio penal y otra cosa es que todos los días estés atento al ordenador para ver si tienes notificaciones porque así no habrá nadie que descanse”.
Para finalizar, Valriberas considera que se trata de una medida “populista que no cuesta dinero y que gusta mucho a algunos sectores de la sociedad”, palabras que se difuminan mientras en Madrid el ministro tiene, valga la redundancia, la palabra sobre una hipotética y controvertida medida.