Cuando las conversaciones delatan

La Policía trabajó (y sigue trabajando) mucho y bien para desmenuzar todos los detalles que han servido a la magistrada del ‘caso Emvicesa’ para sustentar la instrucción con la que se pretende llegar hasta el final de la presunta trama de corrupción en la adjudicación de viviendas. Una de las bases de esta investigación la integran las escuchas telefónicas que durante meses fueron practicadas no solo sobre el teléfono de Antonio López, sino también sobre otros de personas implicadas en la causa o investigadas sin que al final quedaran detenidas.

Las Defensas, que esperan todavía disponer del material digitalizado tras haberse levantado el secreto de sumario, buscan armar su trabajo en base a una posible nulidad de esas intervenciones telefónicas, de las que derivaron, por ejemplo, la inmediata detención de Antonio López y la aprehensión de su ordenador portátil ante el temor de que pudieran destruirse pruebas.

Las intervenciones telefónicas copan buena parte de esos 5.000 folios de la causa y las mismas contienen conversaciones alusivas al pago de dinero o incluso amenazas de muerte para forzar la devolución de pagos entregados a cambio, presuntamente, de la obtención de una de las viviendas de las promociones públicas de Loma Colmenar, que son las que están siendo investigadas.

Las escuchas pretenden servir además para confirmar la existencia y operatividad de esa estructura piramidal que sostenía todo el negocio que, a juicio de los investigadores, funcionaba desde al menos el año 2013 en torno a la adjudicación de viviendas. Pero no están solo las intervenciones, también se cuenta con testimonios de personas que implican directamente al exgerente de Emvicesa así como a los que asoman como sus presuntos intermediarios hasta el punto de situarlos de receptores de las partidas económicas entregadas a cambio de asegurarse salir en las listas de adjudicatarios.

La Policía supo de las presiones que habría recibido López para devolver el dinero presuntamente recibido para asegurarse una vivienda en las 317, negocio que no fructificó y que exaltó los ánimos a aquellos que habían entregado dinero con esa promesa. Ahora exigían la devolución de los pagos, en ocasiones con una importante carga de violencia, pasos estos que fueron seguidos muy cerca por los investigadores policiales, controlando las entregas de ciertas cantidades de dinero a los clientes en las que habrían implicado a López.

La lista de los acusados por un presunto cohecho es larga y se corresponde con ciudadanos que han terminado por reconocer el pago de ese dinero, aun a sabiendas de que también ellos cometían un delito. La Policía ha estado trabajando además en la verificación entre las identidades de los que efectuaron pagos y el listado de personas que apareció en la famosa lista fantasma filtrada por López para ejemplificar públicamente que él sí había cumplido con el trato.

Si las intervenciones telefónicas son fundamentales, también lo son el estudio de los objetos y documentos intervenidos. Por ejemplo, el ordenador retirado del área de Servicios Sociales en sus dependencias del Morro o la documentación aprehendida en la sede de Emvicesa y los registros efectuados en los ordenadores utilizados por los empleados.

Justificar la existencia de un delito de blanqueo de capitales es, sin duda, lo más complicado de la instrucción, así como verificar el tráfico de influencias por la existencia detectada de viviendas de familiares de políticos y de empleados públicos. Se tiene que demostrar que accedieron a las mismas porque cumplían con los requisitos y no beneficiándose de la relación familiar que tenían con un cargo que ostentaba su parcela de poder.