Cuando se dice que hace falta personal en el Ayuntamiento para que este funcione o se esta en otra galaxia o no se quiere ver la realidad. El ejemplo que ha sacado una parte de la oposición cuando dice que se ha dejado de cobrar multas por valor de nueve millones de euros, es cuanto menos sorprendente. Al parecer y según ellos, este déficit recaudatorio se habría producido por la falta de personal en las tareas destinadas al trámite en fecha y forma de todas estas denuncias.
Tal apreciación resulta complicada de entender, sobretodo cuando se sabe a la perfección que el capítulo uno de los presupuestos de la ciudad, de dónde sale el dinero para las nóminas municipales, ya sean funcionarios municipales, de carrera, interinos, laborales o trabajadores de empresas municipales, es al que se destina la mayor cuantía.
De ahí que apelar a la falta de personal como justificación, carece de bastante sentido, siendo quizá lo más razonable achacar tal disfunción a esa endémica desorganización que aqueja a casi todas las Consejerías, algunas totalmente sobredimensionadas y otras carentes de personal. Lo que demuestra que el problema no está en la falta de personal sino más bien en la capacidad que los responsables políticos tienen para distribuirlo adecuadamente según las necesidades y exigencias operativas.
En todo este asunto también deberían decir algo los sindicatos y pedir soluciones, pues en la labor sindical no sólo se trata de pedir o exigir derechos para los trabajadores, sino también la eficiencia del servicio y el desarrollo competente de las tareas asignadas al trabajador en función de su categoría profesional. Aunque eso en la administración local parece algo imposible, no siendo pocos los interesados en que se mantenga este desaguisado del que más de uno saca su provecho, incluido algún que otro liberado.
Hay consejerías, como por ejemplo la de Fomento y sobre todo en su área de urbanismo, donde existen expedientes que llevan años sin salida y durmiendo el sueño de los justos, dando lugar a la existencia de esas obras ilegales que como ocurre en el Príncipe, con el tiempo y ante tal inacción de la administración, pasan al estatus de legal de la manera más descarada posible con el beneplácito de algunos de los partidos de la oposición.
En cualquier caso una muestra más de la desorganización en la que anda metido nuestro Ayuntamiento, y que como no podría ser de otra forma, incide directamente en la gobernabilidad y en el buen funcionamiento de la ciudad.