Cuando el periodismo se dedica a pagar favores

En la noticia publicada el pasado 9 de mayo en el diario ‘El Mundo’ de Andalucía, el periodista Manuel Mª.  Becerro denuesta a AUGC y a su secretario general, Alberto Moya, después de que varios guardias civiles dirigieran comentarios peyorativos contra un mando del Cuerpo en el foro ‘El Faro Verde’. 

Los hechos fueron denunciados por este superior, por lo que el juez ha llamado a declarar, no solo a quienes dirigieron esos insultos, sino también a los responsables de la web: AUGC y su secretario general. En el citado artículo se critica de forma gratuita e injustificada que Alberto Moya vaya a ser juzgado por un tribunal civil, convirtiendo el texto en un claro ataque contra esta organización y su dirigente, sin que se expresen motivos que lo justifiquen. Por ello, esta organización quiere realizar las siguientes consideraciones: AUGC sostiene que la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles ha de limitarse las situaciones excepcionales de cumplimiento de misiones militares y no en la actividad cotidiana, que es de carácter policial. En contra de dicha posición encontramos la jurisprudencia reiterada de la Sala de los Militar del Tribunal Supremo y la postura sostenida por los mandos del Cuerpo y por el actual Gobierno, que han impulsado la reforma del Código Penal Militar, con el fin de extender su aplicación a los guardias civiles.
 La decisión de la Audiencia Provincial de Córdoba se aleja de la postura anterior, pues entiende que el Código Penal Militar no es aplicable a los guardias civiles.Y por ello, con su actuación procesal, AUGC está propiciando un debate que estaba literalmente cerrado, hasta el punto incluso de que un alto mando de la Guardia Civil apoya su postura de no aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles.
Por todo ello, AUGC considera que el artículo que ha publicado ‘El Mundo’ realiza una acusación completamente infundada, que trata de denostar la imagen de la organización y de su secretario general, Alberto Moya, y no tiene más pretensión que la mera difamación. Un texto en el que se incumple de manera reiterada el código deontológico del periodismo, ya que ofrece una información sesgada, al no contar con la opinión de AUGC, y se trata a esta organización y a su secretario general como si fueran los máximos responsables de una actuación que no fue ni promocionada, ni mucho menos emprendida por éstos, sino más bien desacreditada y criticada.
Se cargan las tintas contra quienes únicamente han ofrecido un servicio a los más de 80.000 guardias civiles, abriendo un foro que no tiene más pretensión que albergar debates y facilitar que los integrantes del Cuerpo se expresen libremente, ofrezcan sus puntos de vista y compartan sus opiniones con otros usuarios. Se tergiversan datos al decir que AUGC declinó el ofrecimiento que realizó ‘El Mundo’ para dar su ver- sión de lo acontecido. De hecho, en el artículo queda patente que no existía el menor interés en conocer la opinión de esta organización, ya que desde el comienzo es un duro ataque injustificado. El propio periodista obvia los principios de imparcialidad y objetividad que deberían regir su actuación y emite juicio y opinión, al poner en el punto de mira a Alberto Moya y manchar el nombre de esta organización sin ofrecer argumentos que lo certifiquen.
Además, no se contextualiza la información, ya que se obvia que las críticas contra el teniente coronel de la Guardia Civil, las realizaron usuarios de internet que nada tenían que ver con AUGC y se evita decir, hasta el final del texto, que los comentarios se realizaron en un foro de la web ‘El faro verde’, pareciendo que éstos se publicaron en la página web como si se tratase de un artículo.
Se ataca directamente a una organización que ha dado innumerables muestras de su capacidad de diálogo, de su defensa de la diversidad y del respeto hacia todos los miembros de la Guardia Civil. De hecho, su inta- chable trayectoria, le valió en 2010 el Premio Nacional Derechos Humanos que otorga la Asociación pro Derechos Humanos de España (Apdhe).