CSIF considera que "el conflicto en la Justicia se agrava en la apertura del año judicial" por motivos como "el personal insuficiente y desmotivado, escasos medios o la lentitud en los procedimientos". Por ello, el sindicato, con presencia en Ceuta, reclama "un pacto real por la Justicia".
El objetivo de este sería blindar el servicio público "ante los vaivenes, la incertidumbre y el enfrentamiento político".
La Administración de Justicia reanuda este jueves 7 de septiembre, oficialmente su actividad con la apertura del Año Judicial 2023-2024, y lo hace, a juicio de CSIF, "con los mismos problemas que arrastra desde hace años, agravados durante el último ejercicio"
En concreto el sindicato hace mención a "personal insuficiente y desmotivado que se siente abandonado, retribuciones insuficientes y medios materiales escasos".
El resultado es que "los ciudadanos pagan las consecuencias, sufriendo retrasos en la celebración de juicios y en la tramitación de procedimientos y actuaciones judiciales".
CSIF recuerda que el conflicto que afecta a los 45.000 funcionarios de Justicia (el 93 por ciento de la
plantilla) "sigue vigente". Para ellos, el próximo Gobierno tiene la obligación de abordar la negociación funcional y retributiva "reconociendo las labores que estos funcionarios hacen realmente a diario para sacar el trabajo adelante, y que está pendiente desde la pasada legislatura".
El sindicato alerta que "todo esto se agrava, además, por el hecho de que el Ejecutivo está en funciones, y porque el debate sobre la situación de la Justicia se lleva al ámbito político, como la renovación del órgano de Gobierno del Poder Judicial, ocultando y distrayendo la atención de los verdaderos problemas de la Justicia, centrados en la falta de medios materiales, personales y organizativos".
En este sentido, CSIF reclama un pacto real por la Justicia, con la participación de los profesionales de este
ámbito, que "blinde el servicio público ante los vaivenes, la incertidumbre y el enfrentamiento político".
Este pacto de Estado "debería servir para dotar a la justicia de medios suficientes y estables y garantizar un servicio público homogéneo y de calidad al conjunto de la ciudadanía".
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