La
Sección Local de CSIF ha presentado varias alegaciones al
Presupuesto de la Ciudad con motivo de que el Gobierno, “no ha querido solventar la grave carencia de plazas existentes en la plantilla”. El pasado 23 de diciembre se llevó a pleno la aprobación inicial del documento, que
salió adelante gracias a los votos de PP y Vox, entrando en el periodo de alegaciones que termina esta misma semana. En primer lugar y “la más grave” para CSIF es que no se ha incluido, pese a que se ha solicitado en multitud de ocasiones, las plazas necesarias para poder abastecer del personal mínimo necesario para el funcionamiento de centros que prestan servicios básicos como son los centros de menores, la Residencia Nuestra Señora de África, las guarderías, Asuntos Sociales, Mercados, Cementerios, etc., entre las que se encuentran denominaciones laborales “tan importantes y necesarias” como educadores, monitores educativos, cocineros, auxiliar de enfermería, trabajadores sociales, mecánicos, peones de cementerios, técnicos jardín de infancia, etc. Aseguran que todas estas necesidades se llevan cubriendo mediante bolsas de trabajo o similares desde hace años, sin que dichas plazas estén creadas y existan en la relación de personal de la Ciudad Autónoma, es decir, se contratan empleados sin la existencia de vacantes, “algo que entendemos contrario a la ley y creemos puede ser objeto de impugnación del presupuesto, lo que realizaremos sin dudar en el caso de que sea necesario”. En segundo lugar, presentan estas alegaciones para la inclusión de muchas otras plazas “totalmente necesarias” en la plantilla de la Ciudad las cuales, en gran medida, se encontraban incluidas dentro de las necesidades detectadas y publicadas por la Administración, de las cuales se comprometieron a solventar en cuatro años. Se refieren a las de técnico de Administración General, auxiliares administrativos, técnicos del servicio de prevención de riesgos laborales, notificadores, mecánicos, soldadores, electricistas, personal de jardines, etc. La última alegación presentada insta al Pleno a que se dote presupuestariamente las partidas para que se elimine el grave agravio que dicen existir en la cuantía que perciben los empleados públicos en salario base, la cual, dependiendo de la condición que ostenten los mismos de funcionario o laborales, perciben estos últimos de media unos 25 euros mensuales menos. “Dicha diferencia es a todas luces, algo incomprensible y contrario a nuestra normativa e incluso, a ojos de la jurisprudencia la en multitud de ocasiones ha dictaminado que a mismo trabajo misma remuneración”.