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CSI-F pide al Gobierno central "compromiso" para ejecutar el acuerdo sobre empleo público

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE), ha exigido compromiso político a la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, para desarrollar el acuerdo sobre empleo, sueldos y condiciones laborales que se firmó con las organizaciones sindicales en marzo.

Este lunes se preveía comenzar los trabajos en el marco de la Mesa General de la Administración General del Estado. El sindicato confía en que la actual crisis política abierta por la moción de censura interpuesta por el PSOE "no afecte al desarrollo del acuerdo, tal y como estaba previsto".

CSI-F reclama este compromiso para trasladar "de manera inmediata" el acuerdo, "con el fin de aplicar las medidas contenidas, como la recuperación de la prestación por Incapacidad Temporal, o las mejoras retributivas para avanzar en la equiparación salarial con otras administraciones".

La organización ha calificado la situación de "impasse" y ha explicado en un comunicado que ha "forzado" al Ministerio de Hacienda a ofrecer una respuesta. Este martes está previsto que se dé una fecha para una nueva reunión con la secretaria de Estado, ha incidido la central.

Sus reclamaciones

CSI-F reclama que se recupere la prestación por Incapacidad Temporal, eliminando los descuentos por baja médica. Todo, antes de verano, para que se deje de "penalizar cuanto antes a los empleados públicos por caer enfermos".

El sindicato también ha puesto encima de la mesa negociar la jornada laboral de 35 horas semanales, crear un sistema de bolsa de horas recuperables para favorecer la conciliación, así como la creación de fondos adicionales para mejorar las retribuciones en este ámbito.

Además de la subida prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), CSI-F también incluye entre sus reclamaciones un salario mínimo de 1.200 euros. Asimismo, proponemos un incremento lineal de 200 euros y una dotación presupuestaria de 100 euros para todos los empleados públicos de la AGE, para el establecimiento de la carrera profesional.

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