El sector
sanitario de
CSIF dio a conocer que, por tercera ocasión, ha conseguido que a uno de sus agremiados interinos se les reconozca la carrera profesional a nivel económico. Se trata del caso de una enfermera, que desde 2015 lleva reclamando que se le retribuya la carrera profesional relativa a su nivel, aun sin ser personal fijo. Una sentencia favorable que se ha logrado, explica el vocal del CSIF Javier Montero, tras cerca de cuatro años de lucha, puesto que la primera reclamación se remonta a 2015.
Y es que, tal y como detalla Montero, el
Ingesa reconoce a los interinos su carrera profesional sobre el papel, pero no de manera retributiva, lo que supone una merma en comparación con los profesionales que desempeñan el mismo trabajo, pero que forman parte del personal fijo. En este caso, al ser una enfermera que ostenta un nivel dos, cobraba 350 euros menos que sus compañeros fijos, por lo que teniendo en cuenta el retroactivo de estos cuatro años de litigio, el ente sanitario, al perder los recursos presentados, ha tenido que desembolsar cerca de 10.000 euros a esta trabajadora.
Además de este caso, CSIF mantiene más de 100 reclamaciones similares de interinos a los que no se les retribuye la carrera profesional, en las que tienen la seguridad de que el veredicto será similar ya que “se ha creado doctrina” y con esta última sentencia, más algunas que se dieron en otras comunidades autonómicas, se ha sentado jurisprudencia.
“Esto se va a ir ganando poco a poco”, reconocía Montero y recuerda que esta situación se le ha expuesto al mismo director de Ingesa, Alfonso Jiménez Palacios, en sus últimas visitas a Ceuta. No obstante, la instrucción y la argumentación para no pagar lo que le corresponde a los interinos no ha cambiado: no hay dinero por parte del Ingesa. Ante esta respuesta, desde este sindicato creen que el ente sanitario debe pedir una modificación de su presupuesto para hacer frente al pago, ya que en estos momentos todas los casos que se llevan ante el juez son favorables y eso repercute en el pago que tiene que hacer al trabajador y también de las costas procesales.
Un proceso arduo que se dilata en el tiempo
El proceder en estos casos, detalla CSIF, es siempre el mismo. Primero se reclama ante la Dirección Territorial, que a su vez deriva a la nacional, denegando la reclamación. De ahí los sindicatos acuden al Contencioso Administrativo, que admite no tener competencias por lo que lo deriva al TSJA. Muchos de estos casos tienen una sentencia favorable en este nivel, pero Ingesa ha llegado, como en este caso, a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que en esta ocasión se desistió, haciendo que la sentencia del TSJA que le daba la razón a la trabajadora se convirtiera en firme. Desde CSIF lamentan que se tenga que acudir a los tribunales para lograr este derecho del trabajador.