CSIF exige que se cumpla la reducción de la temporalidad en las oposiciones a profesores

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato con representación en Ceuta, exige al Gobierno y a las CCAA que las convocatorias mediante concurso-oposición de los procesos selectivos a los cuerpos docentes de 2022 respeten los criterios del acuerdo para la reducción de la temporalidad.

El acuerdo, firmado por CSIF, junto con CCOO y UGT y transpuesto en Ley, exige a las administraciones la aprobación de las plazas necesarias para reducir la temporalidad al 8 por ciento.

En el mismo articulado, se exige que la ejecución de dichas ofertas sea a través de un concurso-oposición en la que la fase de concurso tenga un peso de un 40% y que las pruebas de la fase de oposición puedan ser no eliminatorias. Establece también que Educación y Sanidad tienen que modificar su legislación para tal efecto.

Así, CSIF reclama al Ministerio que acuerde dentro de la Mesa Sectorial, de manera urgente, una disposición transitoria del Real Decreto de acceso para adecuar la normativa a la nueva regulación en vigor desde el pasado 8 de julio. Esta normativa debe regular los procesos selectivos de 2022 y hasta 2024.

En este sentido, el sindicato recuerda que las comunidades autónomas están comprometidas por esta legislación y que las convocatorias se deben ajustar a la nueva normativa para que las oposiciones del próximo año se desarrollen con la máxima seguridad jurídica y sin agravios comparativos entre las diferentes comunidades.

CSIF, como sindicato firmante, informa de que cumplirá su obligación de vigilancia, fiscalización y denuncia si se incumple lo establecido en la norma con el objetivo de reducir la temporalidad, así como proteger los derechos y oportunidades de todo el profesorado que se va a presentar a los procesos selectivos.

Finalmente, CSIF se pondrá en contacto con el resto de organizaciones sindicales firmantes del acuerdo de reducción de la temporalidad de las administraciones públicas (CCOO y UGT) para el establecimiento de criterios comunes que permitan el desarrollo de dicho acuerdo en el ámbito educativo.