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CSIF: "Los empleados públicos han perdido un 7% de poder adquisitivo"

El sindicato exige un nuevo acuerdo salarial, coincidiendo con la próxima aprobación del techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado de 2025

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha denunciado este viernes que los empleados públicos de Ceuta, la igual que los del resto del país, acumulan una pérdida del 6,8 por ciento de su poder adquisitivo.

En un comunicado de prensa remitido a los medios de comunicación, el sidicato ha insistido en que es poder adquisitivo perdido se viene dando desde la firma del acuerdo en 2022 entre el Gobierno, CCOO y UGT, y de cerca del 20 por ciento desde los recortes de 2010, teniendo en cuenta el último dato del IPC conocido este viernes.

CSIF exige un nuevo acuerdo salarial vinculado al IPC

CSIF exige un nuevo acuerdo salarial vinculado al IPC, con "cláusula de revisión salarial", que permita al conjunto de empleados públicos recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la última década, así como "recuperar la estructura salarial previa a los recortes fijados en el Real Decreto-ley 8/2010 y la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas".

El sindicato ha reclamado al Gobierno empezar "desde ya" a negociar, ya que el Consejo de Ministros aprobará la próxima semana, previsiblemente, el techo de gasto para el próximo año, lo que supone el punto de partida para preparar los Presupuestos Generales de 2025.

"Hacienda ha dado luz verde a los ministerios para que empiecen a hacer sus cuentas para el próximo ejercicio", ha afirmado el sindicato en un comunicado, a la vez que ha pedido también negociar la oferta de empleo público para 2025.

En este contexto, CSIF reclama desde ya iniciar la negociación en la parte que afecta a las Administraciones Públicas, en concreto, el citado nuevo acuerdo salarial, así como la oferta de empleo público para 2025.

De esta manera, exigen un nuevo acuerdo salarial vinculado al IPC con el objetivo de que los funcionarios puedan recuperar la pérdida del casi 20 por ciento de poder adquisitivo.

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