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CSIF demanda mayor protección por las posibles secuelas derivadas del COVID-19

Consideran insuficientes las medidas establecidas hasta el momento, que solo se extenderían a los cinco años posteriores al contagio

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige al Gobierno y al conjunto de los Grupos Parlamentarios que el contagio por COVID-19 se considere enfermedad profesional para las personas trabajadoras que por su actividad profesional han puesto en riesgo su salud a lo largo de esta crisis sanitaria.
En nota de prensa explica el sindicato que "tal y como solicito CSIF, el Congreso acordó la tramitación del Real Decreto-ley 19/2020 como proyecto de ley por el trámite de urgencia. Esto permite una modificación del articulado y es una gran oportunidad para que se reconozcan las consecuencias directas y las posibles secuelas que padezcan en un futuro los profesionales por el contagio por COVID-19".
La actual regulación reconoce que el contagio por el COVID-19 se considera contingencia profesional derivada de accidente de trabajo para el personal de los servicios sanitarios y socio-sanitarios, lo que significa una mayor protección a efectos asistenciales y de presentaciones.
Si bien este reconocimiento "ha sido un gran avance", el sindicato considera un problema el hecho de que su protección no se extiende más allá de los cinco años siguientes al accidente (contagio) "conforme establece el Art. 217 de la Ley General de la Seguridad Social, mientras que si se considera enfermedad profesional la protección frente a las posibles secuelas que puedan surgir no está sujeta a limitación en el tiempo".
El sindicato añade que "en relación con ello, los actuales estudios sobre las posibles secuelas derivadas de la infección por COVID-19 han concluido que pueden surgir problemas pulmonares (fibrosis pulmonar), trombosis, mayor propensión a infartos, derrames cerebrales y problemas renales".
Por ello CSIF ha remitido sus propuestas de enmiendas a todos los Grupos Parlamentarios para que el contagio por el SARS-CoV-2, a efectos de protección, se considere enfermedad profesional. El Congreso "tienen una oportunidad única para pasar de las palabras a los hechos y dar una respuesta de protección adecuada, sin limitación en el tiempo, a las personas trabajadoras que por su actividad profesional y por la falta de equipos de protección individual se han contagiado", concluyen.

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