Desde la Sección Local de CSIF denuncian que, tras haber leído las manifestaciones vertidas por la consejera de economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, en la prensa con motivo de la RPT, el único “culpable” de que no haber culminado la aprobación de dicho documento es el propio gobierno y “su continuo intento de manipular datos, documentos e incluso a la opinión pública”. Todo ello, después de que Chandiramani asumiera que la relación de Puestos de Trabajo de la Ciudad no se había aprobado por culpa de las centrales sindicales.
El sindicato cataloga como “mentiras” las declaraciones de la consejera, advirtiendo que cuenta con la documentación suficiente que respalda la versión de que ha sido la Administración quien no ha puesto de su parte para llegar a un acuerdo en materia de la RPT. “Lo podemos demostrar absolutamente ya que, tanto en Mesa Negociadora, como posteriormente por registro y en dos ocasiones con diferencia de un mes, hemos venido solicitando datos, informes, aclaraciones y modificaciones de las cuales, jamás hemos tenido contestación ni respuesta alguna”.
Aseguran que emprendieron diversas solicitudes que no encontraron respuesta, entrando todas ellas por Registro, constando como prueba. En estas peticiones se observaron aspectos como el carácter inamovible del número de trabajadores y asesores incluidos en la RPT o el incumpliendo de la normativa marcada para llevar a cabo el documento, entre otros asuntos.
Además, denuncian que en esa “radiografía” que “tanto vendía la propia consejera” detectaron multitud de casos de variaciones al alza y a la baja en los Complementos Específicos e incentivos laborales algo que, según este sindicato, demuestra que la “radiografía” no era tal y que con los datos y el acceso de los que pueden disponemos las centrales sindicales “se trataría de un trabajo cuasi imposible de realizar”.
Por este motivo solicitaron el informe pormenorizado de variaciones existentes y certificado de la Secretaria General de la Ciudad Autónoma que garantice que dichas cantidades cumplen con la normativa correspondiente. También dar audiencia a los interesados afectados, es decir, todos los empleados públicos, de los medios humanos existentes, así como los necesarios y cometidos de los mismos.
Asimismo, exigieron la definición en Mesa Negociadora de los criterios exactos de valoración a establecer en los diferentes complementos o pluses, así como, la obligatoriedad de respetar y cumplir que el trabajo a desarrollar en este sentido debe realizarlo la Comisión de Valoración de Puestos.
“Todo este arduo trabajo siempre, estableciendo periodos de revisión y alegación para que empleados y centrales, alegaran lo que estimasen oportuno, injusto o incorrecto y siempre, respetando la normativa nacional y local aprobada escrupulosamente”, expresaron en un comunicado.
Por todo ello y no habiendo obtenido contestación alguna a ninguno de los parámetros y cuestiones solicitadas por la central sindical, resaltan un incumplimiento del Gobierno de "lo que es de obligatorio cumplimiento”. Todo lo solicitado y no contestado fue denunciado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el 18 de julio de 2018 aunque, a día de hoy, “no han colaborado con este Órgano Nacional ni en este, ni en otros expedientes que también hemos denunciado”.
Esta misma semana, CCOO apuntó que no se sentían "aludidos" por las declaraciones de la consejera y acusaron a la Ciudad Autónoma por la inexistencia de negociación con la RPT.
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