El sindicato Csif se muestra decepcionado al no haber podido avanzar, durante la comisión mixta celebrada este miércoles, en el pago del 'plus pantalla' a los trabajadores de la Ciudad Autónoma. Según explican, el Gobierno se ha negado a tratar la bonificación a los trabajadores que usan equipamiento informático, defendiendo que no era materia para el tipo de reunión celebrada.
El argumento, tal y como indica la central sindical, es que dicho plus no se encuentra recogido en el convenio vigente. No convence al colectivo esta explicación, pues según sus servicios jurídicos "el citado artículo que engloba el plus manejo de terminal informático, sigue en vigor aunque el acuerdo (convenio actual) no lo referencia, por lo que el argumento de la Ciudad es inconcebible".
El objetivo de Csif era que la comisión sirviera para "dirimir la mejor forma de dar acceso a éste derecho a los trabajadores de de la Ciudad", estableciendo un "criterio justo
para el conjunto de los empleados" y evitar "las desigualdades" que consideran se están produciendo actualmente. Frente a esta intención, la negativa de la Administración Local, que les parece "una burla" hacia los empleados públicos.
Máxime cuando, según el sindicato, tratando de desarrollar "una negociación constructiva", instaron a que se procediera "al arbitraje, tal y como indica el convenio", recibiendo una vez más la negativa de la otra parte.
En cualquier caso, la central sindical no pierde la esperanza. "Al tratarse de un foro legalmente constituido y quedando constancia en acta de la reunión, desde Csif hemos solicitado formalmente que se convocase la Mesa General de Negociación para tratar y resolver de una vez este asunto, solicitud que han apoyado el resto de las centrales sindicales".
De este modo, la Ciudad deberá proceder a su convocatoria "en el plazo máximo de un mes".
Tampoco cierra el sindicato la vía de la comisión mixta para solventar esta problemática. "Seguiremos presionado y exigiendo que se resuelva este problema que se está arrastrando desde hace años, causando graves desigualdades entre los trabajadores, además de una constante perdida de dinero público que se destinan al pago de las costas judiciales cuando hay denuncias".
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