La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha solicitado al Ministerio de Sanidad –como máxima autoridad competente en esta crisis- que las embarazadas, postparto y lactancia, sean retiradas del servicio activo para prevenir su seguridad y salud ante el escenario actual de pandemia. CSIF ha recibido consultas sobre este supuesto por parte de mujeres en el ámbito de las administraciones públicas, así como en la empresa privada.
El sindicato recuerda que Según el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias incluyó la situación de embarazo, por el principio de precaución, entre los principales grupos vulnerables ante los efectos del COVID-19 junto a los mayores de 60 años, y aquellas personas diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias.
En este sentido, reclaman que aquellas mujeres que se encuentren en periodo de gestación o lactancia, por el riesgo que supone su exposición al COVID-19, pasen a situación de incapacidad laboral transitoria y la misma se considere, a todos los efectos, incapacidad por contingencia profesional, para que no tenga efectos sobre su nómina tal y como contempla La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Las trabajadoras embarazadas deben ser protegidas de posibles contagios de coronavirus sin excusa alguna sobre la organización de los turnos de trabajo en los distintos centros. Además, su retirada del servicio activo debe de ir acompañada de la contratación de más personal sanitario y no sanitario para evitar la sobrecarga de trabajo que se producirá.
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