CSIF pide que los acuerdos en las condiciones de trabajo de la AGE se lleven a administraciones locales

El sindicato CSIF ha pedido tras el acuerdo “histórico” alcanzado con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que supone la aplicación de medidas “pioneras” en las condiciones laborales para los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) y que contiene “importantes medidas” que permiten la organización del trabajo tanto de manera presencial desde sus puestos de trabajo, como de manera no presencial desde sus domicilios, “desde CSIF consideramos que este acuerdo debe ser un referente para los trabajadores de otras administraciones”.

Estas medidas de organización del trabajo, favorecen a su vez la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos, que se pretende tenga su continuación en la “futura regulación” del teletrabajo.

Dada la importancia y relevancia de las medidas acordadas, desde CSIF han remitido este mismo jueves un escrito al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), instándole a que emita una instrucción a todas las entidades locales de España al objeto de que se convoquen las respectivas Mesas de Negociación en las que se analicen y acuerden la adopción y aplicación de las importantes medidas conseguidas para los trabajadores de la AGE y de esta manera poder hacerlas extensivas a las plantillas municipales de todo el territorio nacional, “lo que redundará en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de Ayuntamientos, Diputaciones y el resto de entidades locales”, ha finalizado el sindicato.

Las medidas acordadas

Con carácter previo, desde CSIF se remitieron por escrito a los distintos departamentos ministeriales afectados, las propuestas que desde nuestra organización consideramos deben ser abordadas en el marco de la negociación colectiva para que formen parte del acuerdo de legislatura y que requieren habilitación de gasto, tales como:

• Recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010.
• Recuperación del poder adquisitivo.
• Equiparación retributiva entre las distintas administraciones (IIPP, Justicia y Administración General del Estado).
• Regulación de la carrera profesional para todos los empleados públicos.
• Adecuación de los Grupos de clasificación (Art. 76 TREBEP) a las nuevas titulaciones para el acceso a la función pública.
• Adecuación de los complementos de residencia e insularidad.
• Reafirmación del modelo de clases pasivas y adecuación de los haberes reguladores.