Las ocupaciones de viviendas, así como los intentos de ocupación, que se han producido estos últimos días reafirman en la necesidad de cortar de raíz actuaciones que obvian normas elementales de carácter legal o de convivencia. Más cuando en muchos casos, con estas ocupaciones lo que se pretende es adquirir una posición preferente en las adjudicaciones de viviendas VPO por delante de los que, con las mismas necesidades, esperan pacientemente inscritos en las listas de demandantes de viviendas sociales.
Para la formación política, "no cabe duda que en nuestra ciudad, la política de vivienda y, más en concreto, la oferta de viviendas de protección oficial está muy lejos de corresponderse con las necesidades y demanda existente. Ni esta circunstancia, que evidentemente hay que corregir, ni la necesidad particular pueden servir de justificación para asaltar viviendas ya sean públicas o privadas".
Las ocupaciones que se han producido hasta ahora han terminado dando a los okupas, en la mayoría de los casos, prioridad absoluta en la siguiente adjudicación de viviendas sociales, premiando estos comportamientos y colocándoles por delante de las necesidades de demandantes que no optaban por violentar la propiedad sea pública o privada.
Desde Ciudadanos creen que ha de procederse a la modificación del Reglamento de adjudicaciones de 2006 de manera que se excluya de estas adjudicaciones a todos aquellos demandantes que estén ocupando una vivienda ilegalmente y contra la voluntad de sus propietarios, sean públicas o privadas.
Denuncian que, hasta ahora, ni siquiera se ha respetado ni cumplido lo que en él se establece: que no podrán ser adjudicatarios de VPO quienes se encuentren ocupando una vivienda social sin título suficiente para ello.
La ocupación de viviendas, locales o, incluso, construcciones ruinosas termina siendo una vía de acceso directo a promociones sociales en menoscabo de los ceutíes que esperan con paciencia o buscan vías alternativas para solucionar sus problemas de alojamiento.
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