El Ministerio del Interior mantendrá al menos hasta el próximo 15 de noviembre la restricción de acceso a Ceuta (y
Melilla) vigente desde mayo que limita la
entrada en las ciudades autónomas a las personas que cumplan los requisitos “exigibles para trasladarse al resto del espacio Schengen” o que sean “transfronterizos con Tarjeta de Identidad de Extranjero en vigor, resguardo de solicitud o visado específico” para esas ciudades.
El
Gobierno de Vivas ha reclamado al Estado que establezca como “permanente” el requerimiento de visado Schengen en el Tarajal, pero el asunto no se ha abordado en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta y la excepción que consiente el tránsito por el paso de los residentes en la
provincia de Tetuán sigue vigente, aunque suspendida temporalmente al amparo de la crisis sanitaria motiva por la covid-19.
Según las fuentes consultadas por este periódico, el Ejecutivo de Pedro Sánchez desea establecer un régimen de entrada en la ciudad que limite sobre todo el acceso de ciudadanos del país vecino sin recursos económicos o sin
cobertura sanitaria. Para obtener un visado de movimiento por todo el territorio Schengen es necesario, entre otras cosas, aportar una póliza de seguro médico de viaje que cubra cualquier emergencia médica con atención hospitalaria y viaje de vuelta, así como una prueba de “medios de subsistencia suficientes”, entre otros requisitos.
En 2022, la cantidad mínima exigida es de 100 euros por persona y día.
En todo caso, y con independencia del número de días de estancia, se reclama una cantidad mínima de 900 euros o su equivalente en divisas (en metálico, tarjetas con extracto de cuenta o libreta...).
En agosto del año pasado, mucho antes de que se reabriera la frontera, la
delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ya abogó por “que la gente tenga que venir con visado con independencia de que más adelante se pueda llegar a algún acuerdo para los pueblos más cercanos”. “Vamos a controlar mucho a quienes venían y no sabíamos para qué o sin dinero para estar en la ciudad”, apuntó entonces la titular de la institución de la plaza de los Reyes.
La concreción de esa voluntad de compaginar un control fronterizo mucho más estricto con la necesidad de mantener una relación fluida con el entorno más cercano sigue sin encajar en una fórmula concreta, aunque entre las que se barajan está la de un visado de validez territorial limitada como los que tienen que solicitar los transfronterizos para formalizar sus relaciones laborales en la ciudad, que podría ser de más simplificada y ágil tramitación con requisitos menos estrictos que los que operan para moverse por todos los países del territorio Schengen.
El largo camino para acabar con la excepción de Schengen
Si España decidiera realmente plantearse la supresión del régimen especial incluido en el Acuerdo de Schengen para Ceuta, con la excepción que permite el acceso sin visado de los residentes en la región marroquí de Tetuán, resultaría necesario modificar las condiciones de adhesión del Reino al Convenio de aplicación del Tratado.
El Gobierno central tendría que presentar una propuesta al resto de Estados adheridos al Acuerdo Schengen en la que se hicieran constar los términos de modificación del Convenio.
Desde el punto de vista de la consultora ‘Ernst & Young’, que elaboró un informe al respecto a petición del eurodiputado Jordi Cañas, “teniendo en cuenta que la supresión propuesta podría encajar en la categoría de modificación sustancial de las condiciones existentes, la aprobación de esta medida requerirá del acuerdo del resto de las partes contratantes”.
El resto de Estados tendría entonces que analizar la concurrencia de las condiciones que deben cumplirse para adherir a Ceuta al área Schengen en términos de igualdad con el resto de Estados con evaluaciones, análisis de riesgo y cuestionarios de cooperación.
La Comisión europea debería entonces presentar al Parlamento comunitario y al Consejo un informe “exhaustivo” al respecto, así como hacerlo llegar a las Cortes de cada país.