Otro año más los gestores penitenciarios afrontaron el ritual de la celebración del día de prisiones el pasado jueves 22, con la misma sonrisa de cartón de todos los años y con un torrente de palabras vacías que nos cuentan lo mucho y bien que lo hacen. Cuesta trabajo ver el día a día de prisiones en estos fastos recurrentes, llenos de medallas para gente que nada tiene que ver y nada hacen por mejorar el sistema penitenciario. Los obreros del sistema, las trabajadoras y trabajadores penitenciarios somos meros convidados de piedra, figurantes para mayor gloria de tan insignes personajes. En el confort de su realidad paralela, volvieron a celebrar la Merced este año, medallas, vinos, palabrería vacía, festejos oscuros que no pueden ocultar las llamas de un incendio que consume una Institución del Estado que no merece tanta degradación. Todos los compromisos del Ministro del Interior para mejorar la situación, adquiridos con los representantes sindicales, ante el Congreso de los Diputados, o ante la ciudadanía en los medios de comunicación, han sido incumplidos. Seguimos sin ser considerados agentes de la autoridad, no se ha atendido la reclasificación salarial para que no se cobren nueve sueldos por el mismo trabajo, ni el reconocimiento del grupo profesional correspondiente a las funciones desempeñadas. Las promesas de una Ley de Cuerpos que contemplase estas cuestiones, duerme el sueño de los justos con un texto que ninguna organización sindical ha avalado y que CCOO además entiende no recoge garantía alguna en el texto de la Administración. En nuestra ciudad hace cinco años que se abrió el nuevo Centro Penitenciario de Fuerte Mendizabal, una prisión construida y olvidada. El inmovilismo y la apatía es la tónica general cuando se trata de buscar soluciones a los innumerables problemas planteado por los trabajadores. Hacer negocio alrededor de la delincuencia nunca fue un buen negocio para una ciudad con nuestras características. Nadie asume responsabilidades, ni siquiera admite el enorme error que ha supuesto un coste de decenas de millones de euros, siendo la inversión más grande que se ha hecho nunca en Ceuta, pero que cinco años después de su inauguración permanezca con seis módulos residenciales, el módulo de aislamiento y la zona de los talleres cerrados y que haya según palabras del Secretario General de Instituciones Penitenciarias en su visita del pasado mes de febrero, unas 200 personas con vinculación en Ceuta cumpliendo fuera de la ciudad, nos hace pensar que la reagrupación familiar y la reinserción de los personas privadas de libertad no ha sido nunca el fin de este macroproyecto. Al igual que no lo ha sido las mejoras de las condiciones laborales para los trabajadores penitenciarios, ya que pasa el tiempo y la voluntad política para atender algunas de nuestras múltiples demandas brilla por su ausencia. Seguimos reivindicando una ampliación de la RPT adecuada al establecimiento o que la apertura de nuevos módulos se haga con garantías y personal suficiente, así como una justa reclasificación que se corresponda con la realidad de las instalaciones, pasando a ser de primera categoría. En los últimos meses se anuncia a bombo y platillo en los medios de comunicación locales la inminente aprobación del Plan Estratégico para Ceuta. En el borrador del citado Plan se destaca la potenciación de la AGE en Ceuta (Instituciones Penitenciarias forma parte de la AGE) como uno de los pilares básicos para resucitar y fortalecer la frontera sur de Europa, pues en ese Plan Estratégico una vez más se nos excluye, como si en una ciudad tan pequeña y con un índice de delincuencia tan alto, no tuviéramos que mirar a través de los muros. Dotar de medios y herramientas para que las personas privadas de libertad regresen a la sociedad una vez cumplidas sus condenas siendo mejores, es un reto y una obligación para los que nos dirigen. Pasemos de lo que no se ve, de las bellas palabras en los discursos y ruedas de prensa a los hechos y reformas modernizadoras e inaplazables para un colectivo tan desesperado como olvidado.