El crimen sin resolver del adolescente Ibrahim y su archivo final

El Juzgado de instrucción número 1 de Ceuta ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo del caso seguido para esclarecer el asesinato del adolescente Ibrahim Bufelham.

Tras la detención de Ismael M. ‘Piolín’, que en su día fue denunciado por su presunta relación con los hechos y a quien ahora se quiso interrogar negándose a declarar, se ha procedido a este cierre judicial ante la falta de pruebas que lo pudieran incriminar.

Era el último paso judicial que quedaba por dar, después de que meses atrás se acordara un archivo inicial a la espera de dar con ‘Piolín’, que estuvo prácticamente un año oculto y bloqueando los hasta 14 procedimientos judiciales que tenían que ver con él de una u otra manera. Procedimientos sobre los que ahora se irán conociendo los oportunos dictados judiciales

La clave de este crimen que queda sin resolver ha sido la falta absoluta de testigos creíbles, la nula colaboración con la Policía y la justicia así como la ausencia de pruebas. No hubo más que trabas para desviar la atención con declaraciones interesadas y demasiados silencios.

Para entender este resultado judicial hay que retrotraerse a justo un día después del crimen de Ibrahim, ocurrido en abril de 2022. El 17 de ese mes unos jóvenes señalaron de forma voluntaria a tres personas como artífices del asesinato, entre ellas figuraban los apodados ‘Piolín’ y ‘Laika’.

En abril de 2022 se produce el asesinato de Ibrahim, en el entorno del Puente del Quemadero

Meses después de esa inicial declaración se retractaron en el juzgado, también de forma voluntaria, indicando que les habían obligado a dar esas manifestaciones por un interés, ya que las mismas habrían sido promovidas por ‘Tayena’, asesinado a disparos en la Península el mes pasado. Dejaron claro que ninguno de los 3 señalados como presuntos autores tenían relación con los hechos.

Tal y como se recoge en el auto a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro de Ceuta, “no cabe sino manifestar a lo que respecta y con los datos con que se cuenta que no es posible considerar a los investigados como supuestos autores de los hechos, ni hay ninguna diligencia de instrucción que lleve a considerar que estos estuvieran presentes en el lugar del siniestro, mucho menos que accionaran un arma que acabara con la vida del menor, ni incluso que fueran los artífices de un plan para ello”.

Tras haberse agotado la instrucción se llega a la única conclusión del sobreseimiento de esta causa, con ese cierre nunca deseado: “No se puede conocer al supuesto autor de los hechos”.

Trabas para que se pudiera hacer una investigación en condiciones

Testigos que dieron una versión para luego negarla, nula colaboración con la Policía, mentiras… Fueron ingredientes perversos que han impedido que hoy alguien esté entre rejas esperando ser presentado ante un tribunal para su juicio.

Judicialmente se hace hincapié en cómo al principio resultó “relevante al caso aquellas personas que se consideraban testigos de los hechos” pero que “de la instrucción practicada ha resultado la conclusión” de que “no estuvieron presentes cuando ocurrieron”.

Esos supuestos testigos, tres en total, llegaron a declarar que habían visto a hombres con armas, tres con la cara destapada y otros tres con el rostro oculto. Fue así como afloraron en sede policial y judicial los nombres de personas como ‘Laika’ o ‘Piolín’, que en aquellos momentos estaban en busca y captura por lo que no se podía contar con sus manifestaciones.

Por voluntad propia estos mismos testigos cambiaron la versión poco después para confesar que les habían obligado a dar esos nombres. Lo hicieron el pasado verano e indicaron que “ahora” iban a “decir la verdad” siendo que “la primera versión no fue correcta ya que les obligaron a decirla”.

Los testigos que inicialmente declararon cambiaron su versión al poco tiempo

Se pasó de tener identidades a la nada. El juez instructor refleja en su auto “las contradicciones” de estos supuestos testigos desde el primer día en que declararon, calificándolas de “groseras, relevantes y cuantiosas”.

Nada menos que 10, diez contradicciones sobre lo que supuestamente habían visto, sobre quiénes eran ejecutores y sobre cómo se habían desarrollado los hechos. Unas dudas que ya habían sido detectadas por la propia Policía, de ahí que los investigadores de la Udyco nunca apostaran por esa línea de investigación.

“A parte de estas 10 contradicciones más que relevantes en las manifestaciones de los testigos… es lo cierto que la fuerza policial en el atestado elaborado ya pone de manifiesto también discordancias esenciales en los testimonios que, desde luego, hacen sospechar al cuerpo policial de la exactitud de sus versiones”, expone el juez instructor.

“Algo se escapa que hace no concordar la realidad de lo ocurrido con los testimonios de los testigos y que solo ellos saben, al no existir más personas presentes, identificadas”, añade.

Con esta decisión judicial se archiva el caso sin que queden más personas a las que tomar declaración y con una investigación bloqueada ante la falta de aportes para poder dar con los implicados y las pruebas necesarias que tengan la solvencia suficiente en el juzgado.