El coste de las Brigadas Verdes se doblaría como personal de la Ciudad

El coste de las Brigadas Verdes para la Administración local podría llegar a doblarse, pasando de los 3,5 millones que actualmente se transfieren al año a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) para su mantenimiento, casi en totalidad destinados a sueldos, a hasta 7 si sus alrededor de 150 trabajadores lograsen adquirir la condición de personal laboral de la Ciudad Autónoma, como sucedería si el Juzgado de lo Social da la razón el mes que viene a la demanda interpuesta por CGT por presunta cesión ilegal de plantilla.

Fuentes sindicales han dado credibilidad a esas cifras que manejan en las Brigadas Verdes habida cuenta de las “grandes diferencias” que existen en términos retributivos entre Convenios Colectivos, sobre todo de residencia y antigüedad, pero también en otros complementos, aunque desde el sindicato demandante han advertido que la lupa no debe ponerse en los números.

“No es una cuestión de costes sino de derechos y eso es lo que hay que valorar, pues si no también tendríamos que calcular cuánto dinero se ha dejado de pagar a los trabajadores desde están ejerciendo esa labor... La realidad tiene muchas aristas”, ha remarcado el secretario de Acción Sindical de la CGT en Andalucía y las dos ciudades autónomas, Diego Rodríguez.

Si la Justicia atendiese la reclamación presentada la Ciudad debería asumir al personal como laboral propio y considerar estructurales (e incluir en su siguiente oferta pública de empleo) o no los puestos de las Brigadas. En caso de optar por prescindir de la plantilla debería indemnizarla.

El Juzgado de lo Social verá la demanda por cesión ilegal el 10-S

El Juzgado de lo Social de Ceuta acogerá el próximo 10 de septiembre la vista en la que se verá la demanda presentada por el sindicato CGT por presunta “cesión ilegal de trabajadores” de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) a la Ciudad Autónoma con la plantilla de las Brigadas Verdes que actualmente conforman cerca de 150 personas.

Entre las diligencias pendientes de elaboración está un informe no vinculante de la Inspección de Trabajo que, según las fuentes consultadas por El Faro, suele tener una importancia crucial en función del lado por el que se incline sobre la posterior resolución del Juzgado, aunque Rodríguez ha recordado que “lo que hay que ver es lo que dice la ley” y en ese marco está “convencido” de que el veredicto asumirá sus postulados, esto es, que las Brigadas Verdes trabajan gestionadas por la Ciudad y que la Federación es una mera entidad instrumental entre los trabajadores y la Administración local.

La normativa vigente contempla varios supuestos marco en los que se inscribe una “cesión ilegal de trabajadores”, entre ellos que la empresa que ha contratado a una persona la ponga a disposición de otra entidad para que realice las tareas laborales de esta última o que la contratante no tenga una actividad propia estable y, por tanto, no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de la actividad.