¿Han servido realmente para lo que deberían los cientos de millones de euros con los que la Unión Europea ha regado sus fronteras exteriores durante el último sexenio? Esa es una de las preguntas a las que un equipo de la Universidad de Barcelona (UB) formado por Abel Albert, Xavier Ferrer y Keina Espiñeira deberán dar respuesta, desde Ceuta, Algeciras, Tánger y Tetuán, antes de la primavera de 2015.
Otras doce universidades de toda Europa harán lo propio en distintas fronteras de la UE en el marco del proyecto EUborderregions (www.euborderregions.eu), diseñado para “investigar las múltiples consecuencias de la creciente interacción transfronteriza para el desarrollo de las regiones en las fronteras exteriores de la UE y, de este modo, contribuir al debate científico y político sobre el futuro de la cohesión económica, social y territorial en la Unión”.
Licenciada en Ciencias Políticas, Espiñeira inició durante la semana pasada el trabajo de campo en la ciudad autónoma, tarea que continuará y se intensificará durante los próximos meses en contacto con “todo tipo de agentes políticos, económicos y sociales”.
La cooperación transfronteriza de la UE abarca Argelia, Armenia, la Autoridad Palestina, Azerbaiyán, Belarús, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, el Líbano, Libia, Marruecos, Moldova, Siria, Túnez, Ucrania y Rusia. Entre 2007 y 2013, las instituciones comunitarias se propusieron invertir más de mil millones de euros en “promover un desarrollo económico y social armonioso en las regiones situadas a uno y otro lado de las fronteras comunes” y en “promover acciones locales ‘entre los pueblos’ a nivel transfronterizo mejorando los contactos de la sociedad civil”.
Los primeros indicadores con los que trabajan Albert, Ferrer, Espiñeira y sus compañeros de viaje del resto de Europa apuntan, sin embargo, a que por el camino se pueden haber producido distorsiones de calado. “El objetivo de nuestro trabajo es evaluar el resultado de las políticas de cooperación transfronterizas para hacer una propuesta de reorientación efectiva, en caso necesario”, resume Espiñeira.
“Diferentes agentes”, apunta, “coinciden en que este tipo de acciones tiene escasa continuidad al otro lado de las fronteras de la UE, que el 90% de los fondos se quedan a este lado y que las Administraciones Públicas acaban gestionando la inmensa mayoría de los fondos a pesar de que están destinados, sobre el papel, a la población y a las pequeñas y medianas empresas”.
Al otro lado de la frontera, la técnico de la UB ha comprobado que los proyectos de cooperación ‘aíslan’ a las entidades beneficiarias de sus homólogas marroquíes. “No se establecen relaciones horizontales entre las asociaciones o entre las universidades, sino únicamente con su contraparte española”, expone.
Ceuta puede ser un terreno propicio para analizar si realmente sirven para fomentar “el comercio y las inversiones locales, la promoción de empresas conjuntas, el turismo, las inversiones en infraestructuras locales e incluso a la cooperación en ámbitos como la energía, los transportes y la comunicación”, como deberían, partidas presupuestarias destinadas a rehabilitar el Castillo de San Amaro por un importe de 650.000 euros con cargo a Interreg III, un programa concebido para “desarrollar polos económicos y sociales transfronterizos y estrategias comunes de desarrollo territorial” que también financió en parte (25%) la puesta en marcha de la Escuela de Negocios del Mediterráneo (ENME).