La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kissy Chandiramani, ha explicado durante la
sesión de control al Gobierno que la Ciudad de Ceuta ha recurrido a la sentencia favorable para los
trabajadores sociales adheridos al Convenio de Inmigración que piden ser considerados personal laboral del Ayuntamiento por recomendación de sus servicios jurídicos. “Todas las actuaciones que se han llevado a cabo se han hecho porque al Gobierno no le queda otra que cumplir la ley. Usted dice que erra el Gobierno, pero lo que se hace es aplicando las recomendaciones de los servicios jurídicos aplicar la ley. Existen varias interpretaciones siempre de la ley”, ha continuado. En este sentido, Chandiramani ha reconocido que estos
trabajadores son fundamentales en Servicio Sociales, pero que no se trata de “personal estructural de la Ciudad, tras lo que ha reconocido que han ganado una sentencia porque “ellos así lo consideran y la Ciudad recurre porque entiende que son intereses contrarios a la Ciudad”. En relación a qué va a pasar con esos trabajadores, ha insistido en que continuarán trabajando y desarrollando sus funciones hasta que se resuelva el recurso presentado por el Gobierno local y “has que la sentencia no sea firme no se sabe que va a pasar con estas personas, por lo que habrá que ver qué sucede en segunda instancia”. Asimismo, la consejera ha detallado que está previsto convocar las plazas de estos puestos “para hacer las cosas bien y garantizar la igualdad de oportunidades” según vayan resolviéndose “estos problemas judiciales”. “No va a haber mayor gasto porque se haya recurrido. Deberíamos de haber pagado 150.000 euros y ahora se ha parado porque hemos recurrido. No se ha duplicado el gasto porque como continúan cobrando, además los servicios sociales no van a ver mermadas sus funciones y capacidades”, ha proseguido. Al mismo tiempo, Chandiramani ha explicado que desde 2013 el Gobierno de la Ciudad decide asumir completamente el gasto que supone estos 16 trabajadores puesto que el acuerdo con el ministerio finalizó y “la Ciudad se hizo cargo de ello”. Además, se les aumentó el contrato para que trabajaran de enero a diciembre “por su labor fundamental dentro de Servicios Sociales” porque antes estaban de abril a diciembre.
La interpelación ha sido realizada por el diputado de
Vox Carlos Verdejo que ha aclarado que el convenio de inmigración comienza en 2006 para que haya personal que pueda destinarse a las personas que llegan a buscar trabajo a nuestra ciudad y que se cofinanciaba con el Gobierno de la Nación hasta 2012 y “a partir de ahí lo financia la Ciudad”. Para esos 16 trabajadores que forman parte de este convenio se da una subvención de 1,5 millones de euros. Sin embargo, los trabajadores durante estos años “no han estado realizando las labores que les competen, sino que han estado ejerciendo servicios de la ciudad”. “Este personal es mas barato y es mejor asignarlo que convocar plazas a personal de carrera. Nos sorprende que habiendo comisiones técnicas de seguimiento estos trabajadores sigan en ese papel. Ellos han cumplido de la mejor forma con capacitación y compromiso que les ha llevado a estar más de 10 años ofreciendo su servicio”, ha defendido Verdejo. En 2019 “con el temor a que no se renovara el convenio” estos trabajadores ponen una denuncia en el Juzgado de lo Social que acaban ganando y cuya sentencia dice que “la Ciudad les tiene que mantener en sus puestos como personal de la Ciudad en junio de 2019, y el Gobierno en el último momento decide recurrir cuando en otros casos con situaciones idénticas no se ha hecho”. “Si la ciudad no interpusiera el recurso hablaríamos de un gasto de indemnizaciones de 150.000 euros, que según sindicatos al presentarlo podría duplicarse y hablamos de dinero público. Tampoco sabemos qué pasará el 31 de diciembre porque si van a paro se van a ver muy mermados los Servicios Sociales, que ya tienen falta de personal”, concluyó Verdejo.