El portavoz del equipo de gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha comparecido este martes ante los medios de comunicación para dar cuenta de los acuerdos confirmados en el Consejo de Gobierno, entre los que se encuentra el convenio de colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional relativo al funcionamiento de las Escuelas Infantiles dependientes de la Ciudad Autónoma, concretamente Juan Carlos I y La Pecera.
Este convenio, que se enmarca dentro de los Presupuestos Generales del ejercicio 2023, tiene como intención sufragar gastos de personal y mantenimiento y la implantación de nuevas plazas escolares mediante contratos externos con entidades privadas que estén autorizadas como Centro Infantil.
El importe total de estas actuaciones será de 815.000 euros, de los cuales el Ministerio financia con 615.750 euros y la Ciudad aporta la cantidad de 200.000 euros restantes.
Asimismo, el portavoz del Gobierno también ha tratado otros asuntos como el de la polémica de los uniformes de verano de Obimace, que llevó a los trabajadores a manifestarse a las puertas del Palacio de la Asamblea en pañales.
Ramírez ha explicado que, tras hablar con la gerencia de esta sociedad municipal, “se recoge en lo establecido en el convenio colectivo y el pliego técnico de adquisición de ese material se corresponde con lo aprobado y no hay ningún tipo de error con lo conveniado y lo adquirido para dárselo a los trabajadores.
Además, ha comentado que se está trabajando para conseguir una reestructuración de los servicios básicos para que sean “más eficientes” ya que “la Ciudad cuenta a día de hoy con muchísimos recursos y diferentes medios propios que realizan funciones similares y estamos a fase de estudiar esa reestructuración, ver realmente el volumen de personal que tienen estas sociedad y la reutilización efectiva de los mismos”.
Por otra parte, entre algunas de las actuaciones que se contemplan en el Plan General de Ordenación Urbana se encuentra la actuación en la zona de Rafael Gilbert. Ramírez ha indicado que “una vez esté aprobado el plan general hay que sentarse con todas las partes porque hay zonas públicas, privadas y protegida y, por lo tanto, es una actuación de gran envergadura”.
El objetivo de esta reunión será la de “llegar a acuerdos si fuera necesario o al final hacer un complejo importante que reúna tanto posibles dotaciones de servicios públicos o cualquier ámbito” pero ha señalado que este proceso todavía se encuentra en fase de estudio.
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