La Ciudad Autónoma va a firmar un convenio con el Instituto andaluz interuniversitario de Criminología (IAIC) de la Universidad de Málaga (UMA) para responder a la situación de “desprotección y exposición a situaciones de riesgo delictivo y victimológico” en la que se encuentran menores extranjeros no acompañados y otros jóvenes en las calles de Ceuta, así como a la “alarma social” que la comisión de hechos delictivos “puntuales” ha causado.
El objetivo es activar un programa “pra prevenir la delincuencia y la victimización de esos menores a través de una intervención personalizada y especializada”.
La iniciativa parte de que los jóvenes objeto de intervención “están en una situación grave de vulnerabilidad como consecuencia de las condiciones sociales y familiares extremas que padecen. “Junto al riesgo delictivo que suele ser visible y objeto de alarma social, estos menores presentan también un grave riesgo victimológico”, han explicado fuentes conocedoras del contenido del convenio a este periódico.
Hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos ha alertado de que “si bien en España se están cumpliendo los mínimos en materia de trata, todavía hay asignaturas pendientes relacionadas con la respuesta a la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los menores no acompañados en riesgo de convertirse en víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y mendicidad”.
Aunque la mayoría de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Ceuta son acogidos por el sistema de protección, hay un número de ellos que “por diferentes motivos” se encuentran en la calle. Entre esas razones los especialistas citan “miedo a ser repatriado, frustración del menor, conflicto de intereses con el centro de cogida, falta de adaptación a las necesidades del menor, los atractivos de la calle, etcétera”.
“Algunos han pasado por el centro de ‘La Esperanza’ y lo han abandonado pero otros ni siquiera han sido detectados como menores. Sin familiares adultos que los protejan, sin referentes pro-‐sociales que pongan límites a sus comportamientos y los acompañen adecuadamente en su crecimiento personal, sin hábitos de alimentación e higiene adecuados y expuestos todo tipo de oportunidades disruptivas, estos menores se visibilizan como peligrosos, causando desasosiego y alarma entre la ciudadanía ceutí”, diagnostica el Instituto, un centro universitario de investigación científica y técnica, así como de especialización, que desarrolla sus actividades en el campo de las disciplinas penales, penitenciarias, criminológicas y político criminales”.
Se intentará dotar a los menores de destrezas para un estilo de vida pro-social
El marco teórico vigente advierte que “una disciplina errónea por exceso, por defecto o por inconsistente es un factor de riesgo de la delincuencia” y ha identificado cinco prácticas parentales relacionadas con el desarrollo evolutivo pro-social de los menores que son: “Una adecuada disciplina, supervisión, apoyo positivo, solución de problemas e implicación familiar”.
Para la Ciudad y la UMA, “el reto con estos menores es encontrar soluciones individualizadas y duraderas que permitan su establecimiento a largo plazo en condiciones de normalidad y estabilidad”. Las conductas antisociales que algunos puedan mostrar “requerirán de estrategias especializadas para dotarlos de destrezas y actitudes que les permita elegir un estilo de vida pro-social, inabarcable hasta el momento para ellos”.
En resumen, el propósito general del proyecto es “reducir las situaciones de riesgo delictivo de los menores extranjeros no acompañados y otros jóvenes en las calles de Ceuta a través de estrategias de protección e inclusión social”.
El programa se propone “realizar un diagnóstico para, en primer lugar, localizar y cuantificar a los extranjeros menores de 18 años que están solos en las calles de Ceuta, así como a los mayores de edad (18-21 años) que procedan de una situación de calle habiendo sido menores de edad”; y, en segundo lugar, “valorar de manera individualizada su situación”.
A renglón seguido llegará el momento de “asistir a estos menores desde un punto de vista de higiene, alimentación, salud y protección jurídica que dignifique su persona y vehicule el tratamiento a seguir”.
“Desarrollar estrategias de prevención de comportamientos delictivos y fomentar un estilo de vida pro-social en ellos”, así como “intervenir de manera personalizada ofreciendo respuestas a sus necesidades e intereses (repatriación, reagrupación, centros de menores, centros especializados, etcétera)” son otros de los propósitos señalados en el convenio de forma explícita.
El programa de intervención conveniado con la Universidad de Málaga con un presupuesto de 80.000 euros se estructura en cuatro fases y prevé una duración de un año.
La primera incluye la formación inicial del personal de diagnóstico y la coordinación institucional y con asociaciones.
La segunda, el diagnóstico y derivación de niños al sistema de protección u otros recursos especializados.
Después llegará el momento de implementar y evaluar el programa, que contará con trabajadores que conozcan la lengua de los chavales y sus “claves culturales”.
Para llevar a cabo algunas actividades se contará con un espacio en ‘La Esperanza’ “sometido a horarios, normas y supervisión del personal de intervención” para implantar estrategias “de motivación, educativas y de bienestar tendentes a la derivación del menor al sistema de protección”.
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