El Gobierno de España saca a licitación el control y supervisión de unas infraestructuras estratégicas como son las fronteras de Ceuta y Melilla, además de los vallados que separan España de Marruecos. Se trata de un contrato ambicioso y sostenido sobre una memoria justificativa clave. Son áreas que soportan una presión migratoria destacada pero que, además, requieren de un control específico por las funciones realizadas en ellas por parte de funcionarios de aduanas y fronteras que prestan servicio en una de las líneas de seguridad con mayor tránsito de personas y vehículos. El Gobierno de la Nación pretende mantener ese contrato durante otros dos años más, después de que el actual fuera prorrogado hasta 2026 por orden de la Secretaría de Estado. Es necesario, y así lo apunta el Estado que exista un control sobre las distintas áreas para que se ejecuten las revisiones como se debe, no haya fallos y los distintos organismos funcionen de manera adecuada. Es un contrato lógico, aunque la interpretación que se ha pretendido dar desde otros frentes esté más asociada a la polémica política. Ceuta y Melilla deben disponer de unas bases fronterizas preparadas que, además, estén controladas al detalle para que no haya incidentes. Eso es clave y si no hay recursos para ese debido control, se tiene que prestar desde agentes externos que eviten cualquier anomalía.
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