Más de 50.000 de euros para gestionar los vertidos ilegales que se arrojan en Ceuta. Es el precio fijado por la Ciudad en su contrato público destinado a este propósito y que ya cuenta con un adjudicatario. Áridos y Transportes del Estrecho se ocupará de esta función a lo largo de un año tras ser la única oferta que se ha presentado al periodo de solicitados estipulado en el proceso de licitación.
El coste es, en concreto, de 65.398 euros según los pliegos del contrato y el marco de ejecución se extiende a todos aquellos lugares públicos bajo titularidad del Gobierno local u otros órganos que dicha administración pueda señalar “como resultado del desarrollo y ejecución de competencias”, tal y como exponen los escritos.
El traspaso de este desempeño a una entidad privada nace de “cubrir todas aquellas necesidades extraordinarias de retirada de residuos que puedan aparecer abandonados ilegalmente y que estén contemplados en el ámbito y alcance de éste”.
El límite del servicio lo marca si los restos encontrados son parte o no de los que deben limpiar otros servicios disponibles en la ciudad. Es este el motivo por el que los documentos que versan sobre el contrato incluyen un anexo con todos aquellos que sí son responsabilidad de la compañía.
Este listado incluye aceites minerales, maderas, envases con plásticos mezclados, ropa o textiles, metales, restos de vehículos, envases metálicos o de plásticos contaminados, pinturas, barnices, disolventes, gases con sustancias peligrosas, materiales de aislamiento de riesgo, elementos de construcción con amianto, filtros de aceite motor, desechos de demolición o de obras, así como piezas de electrodomésticos de origen residencial o industrial.
La prestación no se encarga únicamente de la recolección de bienes, también tiene que llevar a cabo todas las acciones auxiliares requeridas de acondicionamiento antes de apartar las basuras generadas, almacenarlas y encargarse de su expedición para la gestión final. La extracción de objetos se califica en ordinaria y excepcional.
La primera se efectúa de lunes a viernes de ocho de la mañana a las nueve de la noche y deben realizarse “a la mayor brevedad posible” en un plazo de 24 horas. Si existe una causa de fuerza mayor, se procede a desarrollar la actuación en días festivos en el mismo horario ya citado.
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Si hubiera valor suficiente con unas pocas de multas estaria amortizado ese dinero pero claro.....
Toda la razón Kinin, pero hay que repartir el pastel de los fondos europeos .