El Negociado de Contratación ha puesto condiciones a la Consejería de Educación y Cultura para externalizar la prestación de “servicios bibliotecarios complementarios” en ese tipo de equipamientos públicos como el existente en Recinto Sur y el que el Gobierno de Ceuta prevé abrir, si nada se tuerce, la próxima primavera en El Morro.
En concreto, el director general de Contratación ha exigido al departamento que dirige Javier Celaya que le remita un “informe clarificativo” de “la relación del personal de la empresa que resulte adjudicataria con la Ciudad a fin de justificar que no se den las circunstancias que pudieran dar lugar a un reconocimiento de relaciones laborales”.
También ha reclamado que se adopte un acuerdo del Consejo de Gobierno para proceder a la licitación de esos servicios.
Tras recibir la solicitud de contratación y analizar el expediente, en el Negociado competente de la Consejería de Hacienda han estimado que “de la lectura de los documentos presentados se extrae como conclusión que las prestaciones objeto de este contrato podrían colisionar con el concepto de contratos laborales”.
Según recuerda en su escrito, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, la Dirección de Recursos Humanos dictó hace cinco años y medio unas instrucciones “para garantizar en su aplicación práctica la correcta ejecución de los servicios externos que tuvieran que ser contratados de manera que quedase ‘clarificada’ la relación entre los gestores de la Administración y el personal de la empresa contratista”.
El objetivo es evitar “en todo caso” que sucedan actos “que pudieran considerarse como determinantes para el reconocimiento de una relación laboral del personal de la empresa respecto de la Administración contratante”.
Dicho de otra forma, lo que Contratación quiere es no dejar abierta una ‘puerta de atrás’ que, con el paso de los meses o los años, facilite, aunque sea por la vía judicial, el acceso a la Administración de personas que en origen son contratadas por una empresa privada.
La referida instrucción “obliga”, según Contratación, a no tramitar ningún contrato de prestación de servicios “sin expresa autorización del Consejo de Gobierno”.
“Enérgica repulsa” de UGT
La Sección Sindical de UGT en la Ciudad Autónoma mostró ayer en un comunicado a los medios su “más enérgica repulsa” por la decisión del Consejo de Gobierno de “privatizar” la Biblioteca Municipal que próximamente va a entrar en funcionamiento en la antigua sede de la UNED en El Morro que acaba de ser rehabilitada por Tragsa con financiación del Ministerio de Educación.
Según el sindicato, los argumentos ofrecidos por “el Régimen de Vivas” para,apelando a una supuesta falta de personal propio, “poner en manos de una empresa privada el funcionamiento de este importante servicio público” resultan “patéticos”.
“Con ello se prioriza el beneficio empresarial sobre el empleo público estable y de calidad. Lo lógico”, contrapusieron los ugetistas, “sería, antes de poner este servicio en marcha, dotarlo de una plantilla de trabajadores de la Ciudad cuya selección se haga con criterios de profesionalidad y calidad mediante los procedimientos establecidos para las administraciones públicas”. “Sin embargo se opta por licitar este servicio para que una empresa cuyo objeto, a todas luces lícito, es el beneficio económico, se lucre y que el personal que seleccione no se va regir por criterios de mérito y capacidad, sino por criterios económicos”, lamentó UGT.
UGT recela de que haya personas que terminen, vía judicial, en nómina pública
A la UGT le “preocupa” la “deriva” en la que ha entrado un Gobierno, el de Juan Vivas, que, a su juicio, “ante la falta de personal en determinados servicios, en vez de cubrir estas necesidades con personal mediante la oportuna oferta de empleo público, lo hace mediante la contratación de empresas que aportan un personal cuya cualificación no ha podido ser contrastada a través de procedimientos objetivos”.
A título de “ejemplo” mencionó “lo sucedido en el Área de Menores, donde se ha acudido a una empresa para que atienda las necesidades de una parte de los menores extranjeros no acompañados (MENA) mientras el personal de la Ciudad se ve desbordado de trabajo”. UGT aseguró que “también ha llegado a nuestro conocimiento que en el Instituto Ceutí de Deportes (ICD) se están planteando amortizar las vacantes en lugar de cubrirlas y externalizar estos servicios mediante la contratación de empresas”.
UGT se va a oponer “frontalmente” en todos los casos “a las pretensiones de este régimen patriarcal que considera que puede gestionar lo público como si fuera de su propiedad favoreciendo a empresas privadas mediante la adjudicación a las mismas de servicios públicos que los cubren con personal ajeno a la Administración Pública con el consiguiente riesgo de que al compartir funciones con trabajadores de la Ciudad acaben mediante sentencia judicial entrando a formar parte de la plantilla, al considerarse cesión ilegal de trabajadores”.
Según alertó, “antecedentes ya los hay sobrados sobre esta forma de entrar a formar parte de la plantilla de la Ciudad evitando los procedimientos objetivos de igualdad mérito y capacidad”. “Si es necesario”, finalizó UGT, “acudiremos a los Tribunales para acabar con estas artimañas que en lugar de favorecer a los ciudadanos con servicios públicos de calidad, solo favorecen los intereses económicos de unos pocos, perjudicando el bolsillo de los ciudadanos y las aspiraciones legítimas de promoción de trabajadores de la Ciudad suficientemente cualificados”.