Son Ceuta, Melilla y Canarias territorios odiados por el resto de España?, ¿se piensan de Algeciras hacia arriba que somos particulares campamentos de retención de menores y adultos inmigrantes?, ¿son zonas concebidas como un mundo al margen de los derechos y deberes del resto de españoles?
Así debe ser que nos ve esa panda de políticos que han mercadeado con el tema de los menores transformándolos en lotes de puja en la subasta más indecente e inmoral jamás vista.
El que dice querer tanto a Ceuta, el popularísimo Alberto Núñez Feijóo, es capaz de poner cifras: ¡400 nos quedamos, ni uno más!, dice el señor. ¿Qué diría si los menores llegaran en pateras a tierras gallegas?, ¿qué exigiría el líder de un partido que ni sabe ya que ideología defiende?
Como Feijóo ha habido que escuchar discursos a cada cual más bárbaro que, en algunos casos, deberían ser examinados por la Fiscalía. Hemos llegado a un punto en el que la solidaridad y el deber han sido aparcados para poner en marcha una auténtica guerra política a costa de los menores con amenazas incluidas.
Los problemas no se gestionan entre territorios cuando su origen es global, como sucede con la inmigración. No se trata de levantar muros y formar fortalezas sino de plantear soluciones que lleven a una resolución adecuada y global de unos movimientos migratorios que hoy afectan a Canarias y a Ceuta con mayor fuerza, pero que mañana pueden tener sus consecuencias en otros territorios.
Buscar soluciones mediante el diálogo debería ser el canal adecuado si las distintas comunidades llegaran a un nivel mínimo de responsabilidad. No es así, parece más un enfrentamiento entre contrabandistas que un debate por poner las bases de las soluciones a un asunto que afecta a toda España y a Europa.
El ejemplo ofrecido está siendo el más vivo fracaso de lo que podíamos esperar.
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