El normal desarrollo de la Justicia se enfrenta a un nuevo revés ante la posibilidad de que el jurado que se está constituyendo en estos días no llegue a buen término. Es el gran problema al que se enfrenta día a día el mecanismo judicial y que lleva a numerosos retrasos, no solo de la vista en cuestión, sino también de procedimientos abreviados o sumarios que se celebran en la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Ceuta.
El último sorteo de un jurado popular el pasado 8 de enero dio como resultado la obtención de 36 candidatos, elegidos de forma aleatoria a través de un programa informático que los selecciona de una lista inicial de 500 personas.
A las personas preseleccionadas se les hizo entrega de la documentación necesaria para conocer sus derechos y obligaciones como posible miembro de un jurado popular: un manual de instrucciones sobre el Tribunal del jurado; un documento para aportar el número de cuenta bancaria en el que se ingresarán los 65 euros diarios que recibe como integrante del jurado; un sobre en el que deberán devolver la documentación en un plazo máximo de cinco días y, finalmente, un cuadernillo de instrucciones que los candidatos deben rellenar con preguntas sobre su capacidad jurídica y capacidad de obrar o las causas sobre una posible incompatibilidad para ejercer como jurado. Además de las excusas, también debe manifestar si existe relación con alguno de los acusado en el procedimiento, hecho que cada una de las partes puede tener en cuenta en caso de que quiera rechazarlo como jurado.
Los seleccionados están obligados a entregar la documentación recibida, so pena de ser multados
De los 36 candidatos seleccionados, solo 16 entregaron el cuadernillo cumplimentado, mientras que siete presentaron diligencias negativas al no haber sido localizados en sus domicilios. Los restantes 13 seleccionados, pese a que recibieron la documentación, no la han devuelto por ninguno de los cauces establecidos a tal fin: a través de correo ordinario o bien presentándose en las dependencias judiciales en el plazo de los cinco días posteriores a su recepción. Y ello a pesar de las consecuencias que puede implicar la no devolución del mismo. “Tienen obligación de entregarla, independientemente de si va a alegar una excusa o acepta la condición del jurado”, comentan fuentes consultadas por este periódico.
En caso de ausencia injustificada, la persona podría llegar a pagar una multa que va de 600 a 1.500 euros.
La obligación de la asistencia va más allá de la excusa más empleada para librarse de este cometido. Un 90% alega estar trabajando, aunque este pretexto no exime del deber de ser jurado, ya que la propia empresa o entidad está obligada a otorgar el permiso durante el periodo en que se desarrolle el juicio.
El pasado 31 de enero, se llevó a cabo la primera convocatoria para las excusas. Tras concretarse que 18 personas pasarán a una siguiente fase selectiva, es necesario realizar un nuevo sorteo para cubrir el número de 20 candidatos que son necesarios antes de elegir a los nueve jurados y dos suplentes que formarán el grupo que decidirá sobre la culpabilidad o no de un acusado.
Este segundo sorteo, y por tanto nuevo procedimiento, podría retrasar el juicio para el que se está conformando el jurado, aunque fuentes judiciales confían en que los trámites se agilicen de tal manera que no sea necesario llegar a tal extremo.