Estos días hemos conocido, a través de los medios de comunicación, que la Ciudad ha sido condenada a pagar una indemnización de 60.000 € a un ciudadano por su inacción y dejadez a la hora de cumplir las leyes y ordenanzas relativas a la contaminación acústica. Estamos ante un episodio más de una prolongada lucha que mantiene un ciudadano en particular, y una asociación cívica, ASCORCE, contra un problema ambiental y de salud pública tan grave como el ruido. Aunque haya sido este ciudadano, -desde nuestro punto de vista ejemplar-, el que más ha luchado contra este mal, no es el único afectado por la contaminación acústica en Ceuta. Las encuestas sobre condiciones de vida en los hogares que, de manera anual, publica el INE llevan años situándonos entre las primeras ciudades de España en las que sus ciudadanos se quejan por los altos niveles de ruido que soportan. Algunos de estos ciudadanos están detrás de la constitución de la asociación ASCORCE, una entidad que no para de recibir quejas de otras personas que padecen los mismos problemas de contaminación acústica. No hay más que leer los comentarios anexos a la noticia publicada en los medios digitales sobre la sentencia mencionada para apreciar que no estamos ante un hecho aislado, sino ante una situación que afecta a muchas personas y por distintos motivos.
Después de tantos años siguiendo este asunto, y participando activamente en la lucha contra el ruido, uno llega a la conclusión de que la Ciudad Autónoma de Ceuta no cumple con su principal obligación: cumplir y hacer cumplir las leyes. Los representantes políticos son elegidos precisamente para velar por los derechos de los ciudadanos y defender el bien común. Entre estos derechos, el primero y principal es el derecho a la salud física y psíquica. Tal y como ha quedado demostrado pericialmente, la familia que ahora va a ser justamente indemnizada ha sufrido importantes daños físicos y psíquicos, sin que a nuestras excelsas autoridades les importara un bledo. Contaban con que se iban a conforman con esta situación de exposición continuada a altos niveles de ruido con tal de no enfrentarse al todopoderoso Ayuntamiento. Se equivocaron. Como les suele pasar a los poderosos engreídos, tienden a minusvalorar el poder de una persona valiente y dispuesta a luchar sin cuartel por sus derechos y por el bienestar de su familia. Y ha ganado batalla tras batalla sin rendirse. Ahora ya no está sólo. Cada día hay más afectados por el ruido dispuestos a presentar batalla contra una institución que dice defender los intereses generales, cuando lo que realmente hace y viene haciendo es amparar y encubrir los incumplimientos reiterados de algunos empresarios de la hostelería.
Es muy triste, y dice muy poco de nuestra inmadura democracia, que el poder y los recursos públicos no estén dirigidos a velar por la salud y el bienestar de sus ciudadanos, sino para facilitar “el normal desarrollo de la economía”, como dicen tanto el gobierno como la oposición. Debido a la maliciosa y cruel forma de entender la economía que domina el mundo, se han arrasado bosques, contaminado los mares y los ríos, y hasta hemos llegado a provocar un cambio global de consecuencias imprevisibles para la humanidad y el conjunto de los seres vivos. Las calles ya no son de los viandantes, sino de los coches; y las plazas y parques ya no son lugares de encuentro y esparcimiento sino el “ecosistema” artificial de terrazas y veladores. Este sistema económico no sólo ha destruido parajes de singular valor y belleza, sino que ha afectado a la propia condición humana. Nos ha atomizado hasta el grado de perder el sentido de la comunidad, la comunicación y la cooperación, que son los atributos fundamentales de los seres humanos. Nos importa poco lo que le pase al vecino, siempre que a nosotros no nos moleste, y si alguien da un paso para defender sus derechos, la tendencia es a dejarlo solo, tal y como ha sucedido en el caso del que tratamos en este artículo. Tampoco les importa a los clientes de los bares y pubs el descanso de los vecinos cercanos cuando hablan y gritan a altas horas de la madrugada con un cubata en la mano. ¡Y ya no digamos la preocupación tan grande que tienen algunos empresarios de la noche con esta situación! Mientras que la caja se siga llenando de billetes los demás que se fastidien.
La corriente ideológica dominante en los países llamados “avanzados” defiende que la economía se autorregula. Los hechos demuestran que esta afirmación es una gran mentira. La economía no se autorregula, como tampoco lo hacen los seres humanos si se dejan dominar por su afán de dinero y poder. Como escribió Lewis Mumford, “el poder medra a costa de sus éxitos, y su apetito crece con cada bocado que traga. Ésta es una de las lecciones más seguras de la historia”. Si fuera por determinados empresarios no quedaría en las plazas y en las calles ni un hueco libre de mesas y sillas. Para combatir esta codicia, que hunde sus raíces en los estratos más profundos y oscuros de la psique humana, todas las culturas y civilizaciones se han dotado de sus normas morales y éticas. El modo de adquirirlas ha sido la educación y, sobre todo, el ejemplo. La ejemplaridad pública, tal y como ha estudiado el filósofo Javier Gomá, es el pilar sobre el que se sustenta una democracia que realmente merezca este nombre.
En una sociedad ideal, la autolimitación, apoyada en la ética, sería suficiente para evitar los abusos de poder entre los propios ciudadanos, y entre estos y el poder político. Quizá los únicos que se acercaron a este ideal fueron, precisamente, el pueblo creador de la democracia: los griegos de la antigüedad clásica. No obstante, los griegos, que de ingenuos no tenían nada y conocían el lado oscuro del ser humano, desarrollaron sus leyes y sus órganos de control del poder. Estas leyes y normas son las que garantizan que no se den situaciones de abuso de poder. Por desgracia, es cada día más notorio que aquellas instituciones que tienen el mandato constitucional de velar por el interés general y por el respeto de los derechos individuales están controladas por personas carentes de principios morales y de un comportamiento ejemplar y ético. Un ejemplo lo tenemos en la reiterada actitud del gobierno de la Ciudad respecto al problema del ruido en Ceuta. No es nada ético ni ejemplar que la Ciudad guardara literalmente en un cajón cerca de treinta denuncias por contaminación acústica presentadas por la familia que ahora tiene que ser indemnizada con el dinero de todos los ceutíes. Tampoco lo es que durante mucho tiempo la unidad de sonometría de la Policía Local no contara con sonómetros calibrados ni con suficientes medios humanos. Ni puede tildarse de ético que un miembro del Consejo del Gobierno, habiendo asumido una sentencia que le obligaba a quitar la terraza de un pubs de su propiedad, mantenga las sillas y las mesas en la calle. ¿Y cómo podemos calificar al Consejero de Gobernación, que teniendo sobre la mesa, desde hace nueve meses, una sentencia firme que prohíbe la instalación de la terraza de su compañero de gobierno no ha movido un dedo para impedirlo?
Nosotros, como colectivo ciudadano, nos preguntamos: ¿Qué tiene que pasar en esta Ciudad para que alguien asuma algún tipo de responsabilidad política? Ante un caso como el que estamos tratando en este artículo la primera respuesta del consejero de Gobierno, y portavoz del ejecutivo local, fue driblar la pelota y echársela a uno de sus compañeros, el consejero de Fomento. Éste no abrió la boca esperando a que otro miembro del equipo implicado en la jugada, el consejero de Turismo y Deportes, hiciera suyo un problema que le afectaba directamente a él por ser el dueño del establecimiento que durante nueve meses ha mantenido una terraza instalada a pesar de una sentencia firme que se lo prohibía. Al verse sólo ante la portería le entró el pánico y le echó la culpa al gerente de su local. Los espectadores nos quedamos boquiabiertos ante un gesto tan cobarde y mezquino. Así que para enmendar el ridículo que había hecho no ha tenido más remedio que comparecer ante los medios de comunicación para pedir perdón y asumir la responsabilidad por el incumplimiento de la sentencia. Y ya está…¿Cómo? ¿Nada más? Nos preguntamos la ciudadanía ¿Y qué pasa con los 60.000 € que debe pagar la Ciudad en concepto de indemnización a una familia por su inacción y desidia durante años a la hora de hacer cumplir las leyes y ordenanzas contra el ruido? Según el Presidente de la Ciudad, el Sr. Vivas, el consejero de Festejos ha demostrado que es una persona “noble y humilde” al pedir perdón por incumplir una sentencia firme. Le ha faltado decir que es un ciudadano ejemplar. Desde luego, el nivel de exigencia ética en este país y en esta ciudad está por los suelos. Para el Sr. Vivas este asunto de la sentencia condenatoria por su incumplimiento de las normativas contra el ruido parece que no va con él, cuando era y es el Presidente de la Ciudad durante todos los años en los que el juez ha dictaminado que la Ciudad se ha pasado por el forro las leyes contra la contaminación acústica. Distintas personas han pasado por las consejerías relacionadas con esta problemática, pero el único alcalde que hemos tenido en estos años de descontrol en materia de ruido ha sido el Sr. Vivas. ¿Piensa él asumir algún tipo de responsabilidad?