Contagiados por la privatización

Andalucía y Castilla y León, gobernadas por PSOE y PP, niegan que las unidades de gestión clínica impliquen la entrada de los intereses mercantilistas en la sanidad. La contratación por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo a la empresa Mensor Consultoría y Estrategias S.L. para elaborar una auditoría en el Hospital Universitario del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) con el fin de definir un modelo de gestión clínica y su despliegue en el Hospital Universitario, proyecta la sombra del virus de la privatización en la sanidad ceutí .
Pero, ¿qué es una unidad de gestión clínica? Es un sistema de descentralización, manteniendo el modelo actual, cuya finalidad es lograr una mayor implicación del profesional en la toma de decisiones y mejorar la calidad de la asistencia. Para conocer esta figura, a la que se le atribuyen connotaciones políticas en función del partido político de turno, se puede enfrentar la experiencia del servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) en manos del Partido Popular (PP); y del Servicio Andaluz de Salud (SAS) bajo el pacto de gobierno entre PSOE e IU.
Los servicios de Salud Mental de Zamora y de Cardiología en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, ambos correspondientes a Sacyl, constituyen la experiencia piloto de esta comunidad autónoma en la instalación de las unidades de gestión clínica en su sistema sanitario.
Sus trabajadores pueden autorregularse, siempre con el control de la Administración, de modo que pueden definir objetivos, actividad, contrataciones o compras, dentro de su propia unidad siempre con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio. Este planteamiento se traduce en un avance en las listas de espera, las consultas, las pruebas diagnósticas, la actividad quirúrgica, enumeraron desde la Gerencia Regional de Salud. A final de año, el centro hospitalario se ocupa de controlar el cumplimiento de los objetivos que la unidad de gestión clínica se marcó en ese ejercicio y de cubrir los mismos, recibe una serie de incentivos no solo económicos, aunque son éstos los más relevantes en estas unidades.
El modelo es voluntario en esta comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular, es decir, que los gestores de turno bajo ningún concepto imponen este sistema, sino que son los profesionales interesados quienes mantienen contacto con el jefe de servicio y sus compañeros –médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos, celadores...– antes de presentar un proyecto que, de ser aprobado, pasan a firmar un ‘contrato’ con el hospital e iniciar el trabajo.
La Gerencia Regional de Salud considera que en ningún caso se trata de una privatización, aunque indicó que la unidad de gestión clínica decide las contrataciones necesarias, de acuerdo con las directrices establecidas por el Gobierno autonómico. Los trabajadores son empleados públicos que continúan en la nómina de la comunidad.
Por su parte, desde el SAS desconocen si las unidades de gestión clínica que se estudiarán en Hospital Universitario de Ceuta, dependiente del Ingesa, se corresponden con las establecidas en la comunidad andaluza. ¿Por qué? Desde la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales insistieron en que existe conceptos de unidad de gestión clínica que no son equiparables a las de Andalucía y con las que solo comparten el nombre. Una referencia dirigida a otras comunidades autónomas.
La gestión clínica en la Junta de Andalucía consiste en un proceso de diseño organizativo que permite incorporar a los profesionales en la gestión de los recursos utilizados en su propia práctica clínica. En las mismas, la actividad se desarrolla de acuerdo a diferentes objetivos, entre los que destacan fomentar la implicación de los profesionales sanitarios en la gestión de los centros; reforzar la continuidad asistencial entre ambos niveles de atención; mejorar la organización del trabajo; y elevar la satisfacción de los pacientes.
En el territorio del SAS, este modelo de organización del trabajo está extendido por las provincias andaluzas por distritos de Atención Primaria –centros de salud–, centros hospitalarios y áreas de gestión sanitaria.
No son las únicas autonomías en las que ya ha entrado en funcionamiento, como Cataluña o Asturias, sin embargo, en las ciudades autónomas será la primera experiencia administrada directamente por el Ministerio de Sanidad ya que el Ingesa depende de la cartera de Ana Mato y la ciudad autónoma no tiene las competencias transferidas. El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 2014 es de 1.907 millones de euros, lo que supone un descenso del 35,6 por ciento respecto al año anterior, y representa la mayor caída de todos los departamentos, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.